La confirmación de que un estudiante de la escuela de Barra y Saavedra murió esta semana por hantavirus, movilizó no sólo a esa comunidad educativa y a las autoridades municipales; sino que también tuvo su repercusión en el Concejo Municipal. Es que frente a ese establecimiento educativo en la zona oeste, se extiende un gran basural sobre un terreno privado que muchos sospechan pudo haber sido el foco del contagio de la enfermedad transmitida por los roedores. Claro, nadie puede tener esa confirmación, pero la sospecha persistirá. El Concejo aprobó una resolución mendiante la cuál insta a encontrar una solución para esos terrenos usurpados hace muchos años y donde hay familias que intentan levantar allí su propio hábitat.

Sobre el basural la concejala Fernanda Gigliani del PPS denuncia que "permanentemente camionetas particulares van a tirar todo tipo de desperdicios al lugar" y que los vecinos "ya han realizado varias denuncias entregando hasta la patente de los vehículos pero nunca hubo ningún tipo de respuesta oficial". Además agregó que "los micro basurales y la suciedad está presente en todos los barrios".

Respecto a la usurpación, todos los Concejales presentes en la última sesión votaron por la firma de un convenio respecto a los terrenos donde veintidós familias construyen sus vidas desde hace treinta años. El objetivo es "encontrar una vía de resolución a la compleja situación que beneficie mutuamente a los sectores en pugna" dijo Gigliani. Y llamó la atención sobre la especulación de los privados, dice que "hay muchísimos casos donde privados titulares de tierras quieren ejercer su derechos después de 30 o 40 años de tenerlos abandonados. No reclamar, permitir el avance de las usurpaciones y después reclamarle al Estado que le paguen por los terrenos con la plata de todos", sentenció.

El perímetro de tierra en juego suma unos 30 mil metros cuadrados sin urbanizar donde veintidós familias usurpan los terrenos desde hace treinta años, en algunos casos. El titular donaría a la Municipalidad a razón de una hectárea para lotear la usurpación y urbanizar la zona con calles, veredas, zanjeo, iluminación y servicios.

Sobre la usurpación, la Justicia jugó un rol fundamental frente a la opción determinante y agresiva de desalojo y mediante gestión y entendimiento logró disuadir el conflicto con un acuerdo de partes donde las familias podrán comprar sus lotes y el titular de las manzanas recuperará el resto para comercializarlas.

Es otro síntoma de la desigualdad que se ve plasmado en el desborde de las villas donde la necesidad lleva a encontrar un lugar y las márgenes de las vías del FFCC y autopistas o cualquier terreno pasa a ser la esperanza de muchos de tener un lugar en el mundo para vivir. Comprar un lote de tierra en Rosario es casi una misión imposible. Hay muy pocos y los que están en oferta tienen valores ridículos al igual que los inmuebles.

El acceso a un techo es cada vez mas restrictivo y queda claro que el boom de la construcción no es para todos y menos para los asalariados de clase media baja y pobre. Ante éste cuadro cabe preguntarse por la oferta de créditos de bancos estatales, cooperativos y sociales para compra de viviendas siendo que en la mayoría de los casos de quienes tienen un trabajo es comprar un terreno y construir su casa. Sobre ésta idea el Diputado Oscar Urruty destaca "la voluntad de todos los sectores en encontrar una solución y remarca la necesidad de dar valor de la construcción del sentido de lo propio. Los vecinos pagarán su lote y levantarán su casa como hacían nuestros abuelos inmigrantes". Urruty, presidente de la Comisión de Vivienda, fue determinante en el fracaso de modelos masivos y dadivosos de viviendas populares como los FONAVIS de los setenta y la necesidad de pensar nuevas soluciones

El proyecto aprobado "insta al Ejecutivo a contemplar una reducción en las restricciones impuestas, tanto sobre los lotes como sobre los servicios en el área y circunscribir la franja actualmente ocupada bajo las características previstas en la ordenanza de urbanizaciones, que faculta la posibilidad de declarar de interés social un área y disminuir así sus restricciones" explica la concejala Gigliani autora del proyecto. La concejala destaca la voluntad de solución de todas las partes: los vecinos que desde el primer momento buscaron encontrar una respuesta de manera pacífica y siempre dejando claro que ellos quieren comprar las tierras donde viven.