La fiscal Nora Marull -que tiene a su cargo la causa del triple crimen de villa Moreno, ocurrida en las primeras horas de este año- pidió la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación, para profundizar la investigación contra las bandas de narcos que están detrás de la masacre de Dorrego y Presidente Quintana. La cartera que lidera Nilda Garré, envió ayer con ese fin al subsecretario de Delitos Complejos y Lucha Contra la Criminalidad Organizada, Miguel Robles, un policía federal que la próxima semana entregará un informe previo sobre la ayuda -básicamente tecnológica- que podría brindar ese área.

La fiscal Marull explicó a Rosario/12 que la reunión "fue excelente, mejor imposible. Pude explicarle (a Robles) exactamente los puntos que serían de utilidad para esta investigación, y él se comprometió a evaluarlos. La semana próxima podremos contar con una respuesta".

Marull se explayó también sobre la ayuda que necesita: "Hay un montón de software nuevos que pueden ayudar a analizar las telecomunicaciones, porque hay mucho material para estudiar. Tenemos muchos oficios que nos llegaron sin contestar por las empresas prestatarias del servicios. También queremos saber la interrelación entre ellos".

En rigor trascendió que hay al menos "cuatro meses de grabaciones telefónicas y cada hora desgrabada y analizada puede llevar entre seis y nueve horas de trabajo", según reveló una fuente de la investigación. A todas luces una tarea que desborda humanamente al efectivo de las Tropas de Operaciones Especiales adscripto para esta tarea.

Por este punto la elección de Robles no parece casual para esta tarea en particular: asumió como subsecretario de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada en enero de 2011. Era jefe de la División Telefonía de la Policía Judicial de Córdoba, y su caso se hizo conocido al investigar la muerte de su padre ocurrida en 1975, y descubrir que lo había matado la propia fuerza de seguridad y no un atentado montonero, como versaba la "historia oficial". Con el resultado de su investigación, Robles escribió un libro, La búsqueda, que en su momento llegó a manos de la Presidenta y motivo su elección.

Sin embargo el pedido de asistencia técnica al gobierno nacional, sonó paradójico para un dirigente kirchnerista porque hace solo unos días el juez de la causa Juan Andrés Donnola había rechazado la pretensión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de ser querellante en esta causa. "El actual Sistema Procesal Penal santafesino generó un adecuado marco de protección al acceso a la Justicia, en donde existen formas, maneras y resortes procesales para que esta situación quede enmarcada en esos parámetros, contando con las formas de control, en caso contrario", había dicho Donnola en un escrito en el que plantea que sólo pueden ser querellantes ﷓﷓de acuerdo con ese Código﷓﷓ los afectados directos y sus familiares.

Además, el magistrado había señalado que la causa por los homicidios de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez transitaba el camino hacia la resolución, de modo que rechazó la prevención sobre una posible impunidad del crimen.

Entre los fundamentos de rechazo a la incorporación de la Nación en la querella, el magistrado sostuvo que "no parece ajustado a derecho referir que la responsabilidad del Estado recaería `si esta investigación concluye en una sentencia que consagra impunidad'; concepto inadecuado, donde el reclamo parece ceñirse no solo al correcto acceso a la Justicia, sino que podría pensarse en la búsqueda de un resultado condenatorio de quienes también resultan ser sujetos de derecho en el proceso".