El juez de Instrucción Javier Beltramone indagó ayer a los cinco detenidos por la salidera bancaria al empresario cordobés Miguel Angel Aun, ocurrida el 16 de marzo en Corrientes y Córdoba. El magistrado, quien adelantó que en la causa hay dos prófugos -el autor material del robo que escapó en la moto y que ya estaría ubicado, y el jefe de la banda-, y les imputa a los detenidos el delito de robo calificado en calidad de partícipe primario y asociación ilícita. Las personas detenidas, negaron en sus declaraciones haber tenido participación en el hecho. Los abogados defensores consideraron que el juez no cuenta con pruebas suficientes para imputarles la calificación por la que sus clientes se encuentran detenidas.

José Ferrara es el abogado defensor de Alejandro A., de 35 años, Melisa Débora C., de 28 años, y de Milcíades D., de 58 años, padre de Matías Doldán, la persona que murió luego del intercambio de disparos con un custodio de Transatlántica, que acompañaba a Aun hasta una cochera donde había dejado el auto en Corrientes al 800, y cuyo cuerpo fue hallado en Alvear y Santa Fe.

Según el letrado, el padre de Doldán fue el que "más se explayó" durante la indagatoria. Contó que no estaba en Rosario cuando sucedió el hecho, y que hacía 10 días se encontraba en Paraguay visitando a su familia. Cuando lo detuvieron, la policía incautó 6 mil pesos y 5 mil dólares en su domicilio. "Tiene cómo acreditar ese dinero y es anterior a la fecha del robo", apuntó Ferrara.

El abogado señaló que sus defendidos no tienen antecedentes y en su momento fueron a declarar a la comisaría espontáneamente, por lo cual el juez podría haberlas citado, aunque con posteridad hubieran quedado detenidas. Ferrara consideró que "más allá de lo que resulte de la investigación", si una persona está a disposición del juzgado, resulta arbitraria su detención, sin darle la posibilidad que siga compareciendo espontáneamente.

Como el juez Beltramone dispuso el secreto de sumario, el abogado espera tener acceso al expediente para ver las pruebas en contra de sus defendidos. "Algunas de las cuestiones que se les achacan se basan en que son familiares directos", indicó Ferrara, quien además sostuvo que sus clientes "no viven del ilícito, tienen empleos comprobables y no cuentan con antecedentes penales".

Por su parte, Narciso Ibarlucea, abogado defensor de las otras dos personas detenidas; Adalberto G., de 54 años, y su hija Estefanía Daniela G., de 24, que era la pareja de Doldán, dijo que sus defendidos tampoco tienen antecedentes penales. "Mi cliente debe tener un patrimonio de más de un millón de dólares, por lo tanto es absurdo que se dedique a realizar salideras bancarias", argumentó el letrado, quien ayer pidió la libertad de sus defendidos; caso contrario recurrirán a la Cámara.

El abogado, quien pidió participar como querellante del homicidio de Doldán, consideró que en el juzgado no tienen nada contra las personas detenidas. "Lo único en común es que son del barrio; incluso desde el juzgado siguen reconociendo que no tienen a los dos autores materiales. Y el invento de la asociación ilícita es para justificar de que dos meses y medio después del hecho siguen sin tener nada", concluyó Ibarlucea.