El previsible capítulo que seguiría a la saga de ocupaciones ilegales en Villa Gobernador Gálvez irrumpió al clarear el día y sin previo aviso, sobre medio centenar de familias sin techo que desde el 8 de mayo se había instalado en uno de los diez terrenos tomados que persisten en esa ciudad. Un batallón de policías desalojó a los ocupantes, y dos topadoras municipales arrasaron con las casillas de madera y chapa, y con todo lo que había dentro. Para cuando el sol se elevó, ese cuarto de manzana que perteneció a la fábrica de acoplados Montenegro había quedado liberado, y una cuadrilla se abocó pronto a la tarea de instalar un tejido perimetral. Como reacción, se encendieron cuatro piquetes en distintos puntos de la ciudad, junto a algunos de los predios ocupados. Los manifestantes continuaban anoche con su protesta, a la espera de otra respuesta del Estado que no sea una expulsión judicial ejecutada por la Policía.

La orden de desalojo partió del juez correccional nº 3, Ignacio Vacca, a partir de una denuncia por usurpación que presentó el corredor inmobiliario Patricio Arpini. El procedimiento se desató desde las 7.30, sobre un rectángulo de 60 por 30 metros, en Becker al 800, en barrio Ortelani, a dos cuadras de la salida hacia a la ruta 21.

"Fue el desayuno del día: estábamos durmiendo con nuestros bebés y aparecieron policías que se metieron a las casas sin mostrar ningún papel del juez ni nada, y nos sacaron de prepo", contaron Tania, Priscila y Cintia, tres madres de entre 20 y 23 años a quienes les tocó ir detenidas a la comisaría junto con dos jóvenes maridos y otra chica. "Eran un montón, vinieron con camiones, patrulleros, colectivos, nos

reasustamos. Y hubo gente que se fue corriendo por miedo, en lugar de quedarse a pelear por el techo de sus hijos", relataron anoche, junto a las gomas en llamas que cortaban el tránsito en la avenida San Martín. Cerca de allí, dos agentes en un patrullero custodiaron por algunas horas el terreno, junto al revoltijo de chapas, palos y lonas que las topadoras echaron a un lado. De los desalojados, quienes anoche perseveraban en su reclamo son treinta familias.

El factor común de estos sin techo es su juventud. Los testimonios que recabó este diario coinciden con la característica que surge en otros asentamientos ilegales: se trata en su mayoría de parejas jóvenes, con hijos a cargo, que vivían hacinados junto a sus familiares de origen, y que hallaron en la usurpación una salida ante la falta de otras opciones para tener su casa. La desocupación no es la regla. Más de uno refirió estar empleado en alguna de las varias fábricas que hay en esa zona.

"Sólo queremos una casa, y no la pedimos de arriba. Queremos pagar algo que podamos, pero por un terrenito nos piden 30 mil pesos, o un adelanto de 7 lucas, y no llegamos a eso", contaron. Otros jóvenes hicieron notar que "lo que menos se quiso hacer fue una villa, por eso abrimos dos cortadas, para no hacer pasillos". Cintia, una de las voces cantantes de la comunidad, aseguró que antes de ocuparlo, el lote privado "era un yuyal donde ocurrió una violación y donde se aguantaban los choritos". Para el secretario de Gobierno municipal, Diego Garabano, las familias desalojadas no fueron 30 ni 50, sino 2. "A las dos familias que habitaban el lugar se las invitó a que se retiren, y no opusieron resistencia. También se sacó a un grupo de personas que daban vueltas pero no vivían allí. Seis hombres fueron detenidos y luego, puestos en libertad", narró el funcionario.

Garabano atribuyó los piquetes de protesta que surgieron después a instigaciones de la Corriente Clasista y Combativa, algo que los desalojados desmintieron.

El presidente de la Asociación de Comercio e Industria villagalvense, Cristian Allegra, expresó su satisfacción por esta resolución judicial. "Esta vez la Justicia, aunque con tiempos demasiado lentos, cumplió con la Constitución nacional y defendió la propiedad privada. El terreno estaba cercado con tejido desde antes, lo que pasa es que lo quitaron para meterse. Y desde que se metieron, las casillas ni siquiera estaban habitadas", señaló.

El dirigente empresario indicó que hay otras tres industrias con terrenos usurpados y que pidieron el desalojo por vía judicial. En el caso de Sugarosa, frente al área industrial de la ciudad, una jueza le falló en contra y ahora el frigorífico va en busca del contraataque. Sobre los otros dos, en Soldado Aguirre y Suipacha, y sobre el Camino Guereño, esperan que los juzgados se expidan de un momento a otro. Por eso anoche, en cada uno de los piquetes, el clima era tenso.

Los manifestantes denunciaron que las autoridades municipales y de la Secretaría de Hábitat no cumplieron con el censo que habían anunciado el mes pasado, de cara a futuros planes de vivienda. También se burlaron de la declaración de emergencia habitacional que el Concejo local sancionó días atrás. "Hoy fuimos a la Municipalidad y lo vimos al intendente Pedro González escaparse por atrás", repudiaron.