Una jornada con masiva presencia de agentes de centros de salud y hospitales que se realizó esta semana en el Cemar consolidó la condición de Rosario como ciudad pionera en la garantía del derecho al aborto no punible. En esa jornada, que contó como arquitecto al director de Políticas de Género e Interculturalidades en Salud, participaron integrantes del Centro de Estudios Estado y Sociedad (Cedes), que forman parte de algunas de esas políticas. Allí se abordaron los desafíos que plantea el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo pasado. Santa Fe es la primera provincia del país en realizar un registro de objetores de conciencia (pronto a ser publicado) como herramienta para las usuarias del sistema de salud, y fueron las expertas de esta ONG las que revisaron esos formularios para detectar si estaban bien confeccionados. "El Ministerio de Salud ha tenido una política muy interesante para garantizar los servicios. Su compromiso principal es que el derecho de las mujeres no se vulnere y el servicio se provea. Y eso significa reorganizar los servicios", apuntó Mariana Romero, médica de Cedes que presentó en las jornadas la inminente nueva edición de la guía de la Organización Mundial de la Salud sobre aborto seguro.

"La guía está basada en la evidencia, ese es el fuerte de la OMS, que pone a disposición de los estados miembros las mejores evidencias para recomendar la implementación de los servicios, no únicamente en términos de las prácticas clínicas, sino también en términos de cómo organizar los servicios de salud, cómo enmarcar estos servicios dentro de los derechos humanos, cómo pueden permitir las garantías de los derechos de las mujeres, la promoción del bienestar", indicó la investigadora del Cedes.

En cuanto a la provincia de Santa Fe, Romero subrayó que "tiene una larga historia de trabajo en los derechos sexuales y reproductivos. Rosario fue un territorio pionero en la implementación de programas, en garantizar el acceso de las mujeres". La especialista se mostró "sorprendida" por la convocatoria de las jornadas de capacitación. "Me emociona porque pocas veces nos pasa llegar a un lugar tan receptivo, con tanta gente esperando, tan comprometida. Nosotros a veces trabajamos con los equipos de salud diciendo cosas que no son fáciles. Comprometerse con la política pública va mucho más allá de una tarea técnica significa que como funcionario estoy dispuesto a garantizar lo que esa política pública propone", indicó Romero.

Una de las responsables de la revisión de los formularios de objeción de conciencia fue Agustina Ramón Michel, abogada de Cedes. "El Ministerio de Salud consideró que era importante tener un primer mapeo de aquellos profesionales que hoy estaban dispuestos a realizar los abortos no punibles y otras prácticas de salud sexual y reproductiva y quienes todavía tenían dudas o presentaban ciertas resistencias. Como parte de esta tarea se elaboró un formulario de objeción de conciencia con la idea de que los profesionales llenen estos instrumentos y de esta forma, el ministerio cuente con la información necesaria para organizar los servicios e incluso identificar necesidades, por ejemplo de capacitación", puntualizó la investigadora.

Como consecuencia, un 50,8 por ciento de esos formularios fueron rechazados por Cedes, porque las razones expresadas por los agentes de salud no eran suficientes, o porque tenían inconsistencias científicas. "La parte más interesante fue relevar las razones por las cuales objetaban. El Ministerio no estaría dispuesto a aceptar cualquier tipo de objeción de conciencia. Sabemos que se trata de la posibilidad que nos da el derecho de incumplir un deber, nos está justificando el incumplimiento del deber que el resto va a tener que cumplir. Es una excepción a la generalidad. Y esto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a ser exigentes al momento de que las personas se acojan a este privilegio", apuntó Ramón Michel.