Desde el Concejo piden al Ejecutivo municipal que regrese su poder de policía sobre dos inmuebles situados en Fisherton que el edil Héctor Cavallero relaciona con la prostitución y la trata de personas, y otro más donde funcionaría una pensión ilegal. El reclamo toma cuerpo en el Concejo, como alternativa a la vía judicial. El edil sospecha que en la seccional de jurisdicción, la comisaría 17ª, no se desconocía del funcionamiento de estos lugares al margen de la ley.

El planteo elevado por Cavallero y su compañera de bloque, María Fernanda Gigliani, demanda que el municipio resuelva con celeridad la demolición pendiente de "una falsa pensión que se levanta en calle Pitágoras 7455, que fue clausurada tramposamente para continuar por su otra entrada de calle Junín 7454", dice el proyecto.

Ese inmueble había sido clausurado por la Guardia Urbana Municipal en julio del año pasado, a instancias de una denuncia de Cavallero. La obra, con deficiencias observadas en su construcción, se preparaba para ofrecer 40 habitaciones de alquiler, pese a que no contaba con la debida habilitación municipal. Luego de la clausura, el municipio pidió a la Justicia que ordene la demolición, cosa que no ocurrió.

La iniciativa de los ediles del Partido del Progreso Social también piden una inspección a la casa de Juan Pablo II 208 bis donde hasta el año pasado funcionó el prostíbulo "Sabor Sabor", y que, tras la denuncia del ex intendente, fue allanado por la fiscal Adriana Camporini. Allí fueron descubiertas seis mujeres que ejercían la prostitución, aunque ninguna era menor de edad, y la única extranjera -de nacionalidad paraguaya- tenía su documentación en regla. Entonces, los encargados del lugar, dos hombres y una mujer, fueron detenidos. Ahora -denuncian los ediles- "es muy probable que se esté gestionando en las dependencias municipales que funcionan en la ex Aduana la rehabilitación del local, esta vez en carácter de hostel". Advierten que "sería una pantalla para realizar las actividades por las que fue clausurado: prostitución y trata de personas".

Ese lugar había sido objeto de once actas municipales de infracción. Desde la Dirección General de Inspección se detalló que los responsables del negocio violaron de manera recurrente la orden de clausura, hasta que la Justicia correccional accedió a librar la orden de allanamiento.

Fuentes del Ejecutivo consultadas ayer ratificaron que los inmuebles denunciados por Cavallero no se encuentran habilitados para ninguno de los usos apuntados, y recomendaron al concejal que "si tiene conocimiento cabal de lo que afirma, debería denunciarlo ante la Justicia, que tiene el poder de intervenir ante la comisión de un delito o falta".

La tercera edificación bajo sospecha es una casa de Columbres 117 bis. Cavallero ya había denunciado este lugar como "posible prostíbulo o pensión trucha". Quiere que el municipio verifique "si se realiza alguna actividad y si está registrada o habilitada". Cavallero y Gigliani repararon en que "estos tres casos se encuentran dentro de un radio de 300 metros de la seccional 17ª de Policía, y nada se hace".