Con un arma sobre el escritorio de su oficina, el integrante de la patota de Feced Telmo Alcides Ibarra indagó durante horas a una alumna de 11 años, en la dirección de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, intervenida por el terrorismo de estado. Esa niña era Celina Andrea Duri, la hija de Augusto Duri, presidente de la biblioteca hasta febrero de 1977. El y otros siete miembros de la Comisión Directiva fueron secuestrados, detenidos y torturados en la Jefatura de Policía de Rosario. A fines de 2011, Duri y su hija, junto con Raúl Frutos, por entonces vicepresidente de la comisión; y Antonia Frutos, vocal y directora del Jardín de Infantes y de la Secretaria Técnica del Departamento de Educación, presentaron una denuncia a la Justicia Federal rosarina para que investigue esos hechos como delitos de lesa humanidad. El próximo 28 de junio se presentarán como querellantes en la causa, con el patrocinio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Así, exigirán al Tribunal Oral Federal Nº 4, que llame a declarar a los integrantes de la patota de Feced, como pidieron en su momento los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. Más adelante, la APDH se presentará también como querellante para reclamar que no solo se juzgue a los represores, sino también a los civiles que participaron del "saqueo" de la Vigil.

José Rubén "el Ciego" Lofiego, Mario "el cura" Marcote, José Scortechini, Ramón Vergara --condenados en marzo pasado junto al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Días Bessone, por el TOE Nº 2﷓﷓, Nast, Altamirano, Fermoselle, Ibarra, Olazagoitía, Portillo, Travagliente, Vallejo, Dougor, Moore, Orefice y Corrales --integrantes de la patota del servicio de informaciones-- serían los implicados en los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con el delito de tormentos agravados" contra los desplazados directivos de la Vigil.

Tras la presentación de las víctimas ante el fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Stara, ahora las víctimas serán querellantes en la causa para buscar que el delito sea enmarcado entre los sucesos del plan genocida de la dictadura.

La APDH, como organismo defensor de los derechos humanos, presentará su querella dentro de la causa Feced por todos los delitos cometidos en relación a la Biblioteca Vigil. Ambos pretenden que se juzgue "no sólo a los que secuestraron y torturaron sino a todos quienes tomaron por asalto la institución y que colaboraron en su saqueo, ya se trate de los autores materiales o ideológicos". Entre ellos, mencionaron al "Capitán de Corbeta, Esteban César Molina, a cargo de la Comisión Normalizadora de la institución; al asesor legal de la intervención, Mario Julio Pin; al asesor contable, Emilio Cancellieri; al Coronel Sócrates Orlando Alvarado, interventor liquidador; y al ministro de Educación de la Dictadura", a quienes acusan de "robo, usurpación, daño, asociación ilícita y demás delitos que surjan de la investigación dentro del genocidio".

Las violaciones que las cuatro víctimas reclaman que sean investigadas -con patrocinio de los abogados María del Carmen Martínez, Matilde Gatti, Eliana Masegosa, de la APDH que preside Norma Ríos; y los letrado de la Vigil, Marcelo Abaca y Marcelo Scalona- "se ejecutaron a fin de facilitar el saqueo de la entidad, encubierto por un juicio fraudulento de liquidación y llevándose a cabo un verdadero genocidio cultural contra la comunidad que conformaba la Biblioteca Vigil y de la población de Rosario directamente beneficiada por esta institución", dijo la abogada Martínez, quien recordó que se quemaron 80 mil libros que había dentro de la biblioteca. "Fue un ataque a toda la comunidad", aseguró.

Entre mayo y diciembre de 1977, las víctimas fueron mantenidas en cautiverio en el Servicio de Informaciones. Antonia Frutos, madre de Celina Duri, presenció el secuestro de su ex﷓suegro, Platón Duri, y sufrieron persecución en el ámbito de la biblioteca, siendo obligados a renunciar a sus cargos.

Según consta en la presentación de octubre pasado ante el fiscal Stara, el 25 de febrero de 1977, una "Comisión Normalizadora" a cargo de Molina, con apoyo de fuerzas armadas de la policía, ingresaron a la sede de la Biblioteca Constancio Vigil prohibiendo el acceso a los directivos. En marzo, la Comisión Directiva fue obligada a renunciar y en el mes de abril asumió como interventor el Coronel del Ejército retirado Sócrates Alvarado. Dos meses después, comenzó el secuestro de los miembros de la ex comisión directiva.