La justicia rosarina resolvió ayer limitar los alcances de la medida cautelar prevista en un artículo de la ley 10.000 sobre el pedido de un grupo de vecinos que se opone a la iniciativa de la Municipalidad para licitar la construcción de cocheras subterráneas en el centro de la ciudad. De todos modos, la jueza Susana Gueiler, titular del juzgado Civil y Comercial 18ª Nominación, ordenó a la intendencia "evitar la ejecución del proceso licitatorio, y consecuentemente del proyecto para la construcción de cocheras subterráneas en las ubicaciones cuestionadas, hasta tanto se dicte resolución definitiva, y no suspender la deliberación del Concejo Municipal al respecto". En este sentido, la magistrada consideró que es "atribución exclusiva" del Concejo "decidir cuáles serán las materias o proyectos a debatir y la oportunidad en que ha de realizarse dicho debate". La magistrada agregó que podría pasar que mientras se debate el proyecto cuestionado "no se apruebe, o lo haga con modificaciones, tornando la acción promovida en abstracta".

Luego de que la Municipalidad hiciera su descargo en la justicia respecto al recurso presentado el 17 de mayo por un grupo de vecinos que, amparados en la ley 10000 de intereses difusos, pidió que se suspenda cualquier proyecto de construcción de un estacionamiento subterráneo en la plaza San Martín, la jueza Gueiler consideró que no es su competencia decidir sobre proyectos que en estos momentos se están debatiendo en el Palacio Vasallo, aunque le ordenó a la intendencia suspender el proyecto hasta que dicte una resolución definitiva sobre la cuestión de fondo. "Se debe mantener el status quo imperante hasta tanto se dicte resolución definitiva", precisa el fallo.

La municipalidad, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos a cargo de Alejandro Schvarztman, respondió que "no es legítimo interrumpir los procesos legislativos propios del Concejo, ya que es éste ﷓por mandato popular﷓ quien debe decidir en el trámite de aprobación o rechazo de un proyecto de ordenanza".

Por otra parte, el municipio sostiene que por las características del pliego licitatorio para la ejecución de la futura obra pública, "se respeta el entorno y la superficie de la plaza, sin afectarse los edificios circundantes ni las especies vegetales".

También explicó que si el Concejo aprueba el proyecto y una vez finalizado el proceso licitatorio, debería realizarse y aprobarse por el ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe el estudio de impacto ambiental; "rebatiendo completamente los argumentos que originaron la presentación de la demanda, que sostiene que tal proyecto implicaría afectar el patrimonio urbanístico y arquitectónico del entorno de la plaza San Martín, además de no cumplir los fines de ordenamiento del tránsito en el macrocentro".

En este sentido, el grupo de vecinos conformado por docentes universitarios, que integran el Instituto de Derecho Ambiental, plantearon en la demanda que hay "irracionabilidad, ilegalidad, carencia de estudio ambiental, y sin que se haya llamado anteriormente a una audiencia" en el proyecto enviado por la intendenta Mónica Fein al Concejo para la construcción de tres cocheras subterráneas en las plazas del Foro y San Martín, y en el entorno del Distrito Centro.

Ayer, el abogado que representa a los vecinos, Jorge López Mirosevich, señaló ante la consulta de este diario que a partir de lo que decidió la jueza Gueiler se resolvió suspender el anteproyecto de cocheras subterráneas, mientras le dice al Concejo que siga debatiendo. El patrocinante de los vecinos reiteró que ellos no pretenden "meterse en el debate político", y que están de acuerdo con que hay un problema de tránsito en la ciudad muy importante que tiene que ser resuelto por la Municipalidad.

También indicó que están de acuerdo con la construcción de cocheras subterráneas. "No es un desatino, está bien, pero no queremos que se haga en plaza Santa Martín porque es un lugar que afecta al patrimonio y viola la ley", planteó López Mirosevich.