Una vieja polémica de derecho laboral retorna a la agenda pública: la agremiación de policías y agentes penitenciarios, que el diputado provincial Eduardo Toniolli propuso en un proyecto de ley presentado en la sesión de ayer, la primera tras el receso legislativo de invierno. La iniciativa traerá cola, puesto que ni la Nación ni las provincias contemplan esa posibilidad.

"El derecho de agremiación no debe negarse a ningún trabajador, y un policía o un guardiacárcel es un trabajador más, como cualquier otro", argumentó el legislador peronista al poner en tela de juicio la restricción que pesa sobre los miembros de fuerzas de seguridad en cuanto a sindicalización, expresiones colectivas de reclamos laborales y filiación partidaria.

Las particularidades que distinguen a esos agentes del resto de los asalariados están contenidas en las leyes orgánicas del Servicio Penitenciario y de la Policía provinciales, y se fundan en la necesidad de garantizar la seguridad pública. Por esta razón, el autor del proyecto añadió la salvedad de que el derecho a huelga seguiría vedado para ambos sectores.

"Proponemos la modificación de algunos incisos de la ley orgánica del Servicio Penitenciario y del Personal Policial, para habilitar la posibilidad de que estos trabajadores puedan constituir organizaciones gremiales, puedan afiliarse y participar activamente en ellas, pero sin que esto incluya el reconocimiento del derecho a huelga, debido a las delicadas características del servicio que prestan, y las consecuencias negativas que traería su interrupción", aclaró el legislador rosarino que preside la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja.

La salvedad obedece al temor de habilitar situaciones de conflicto con riesgo social como la huelga policial que hace poco mantuvo en vilo a Ecuador, y la misma medida de fuerza que adoptó el mes pasado la policía de Santa Cruz. El antecedente local más inmediato data de 2005, cuando cientos de efectivos de la Unidad Regional II se acuartelaron en la sede de Ovidio Lagos al 5200, como protesta por la detención de unos agentes del Comando Radioeléctrico. Desde entonces, el gobierno provincial -tanto el de Jorge Obeid como el de Hermes Binner- negaron de plano la apertura gremial solicitada por la agrupación Apropol, que expresa intereses sectoriales de los policías aunque el Estado la desconoce como tal.

El proyecto ingresó ayer a Diputados y empezará a ser debatido en la comisión de Asuntos Laborales. Toniolli señaló que la normativa jurídica que regula la función policial y la penitenciaria en Santa Fe "prohíbe las peticiones colectivas de sus agentes, y hasta su afiliación a partidos políticos, en abierta contradicción con derechos laborales y civiles reconocidos por nuestras constituciones nacional y provincial". Y le dio contexto al proyecto, como parte de otras propuestas que apuntan a reformar la Policía. Por ejemplo, la creación de una policía judicial asignada a investigar exclusivamente, y no a prevenir, o eliminar la facultad de demorar hasta seis horas a cualquier ciudadano por averiguación de antecedentes.

"Sabemos que abordar este tema es polémico -reconoció Toniolli-, que no existe en ninguna provincia, aunque sí rige en algunos países europeos, en Brasil y en Estados Unidos. Creo que es necesario como medida para democratizar la fuerza".