"Que la Justicia defienda a los niños, no a los abusadores", rezaba uno de los carteles con los que el Movimiento Evita irrumpió ayer en el hall de Tribunales, donde repudiaron la resolución del juez de Sentencia Julio Kesuani de excarcelar a un comerciante acusado de abuso sexual a dos niñas de barrio Gráfico. Los manifestantes, que en 2010 rescataron a las hermanas de 11 y 12 años y denunciaron los hechos, pidieron una audiencia para que el juez les diera explicaciones sobre la decisión de otorgarle la libertad con restricciones a uno de los seis procesados que esperan sentencia "sospechados de conformar una red de trata". "Estamos muy preocupados por la peligrosidad procesal y eventual evasión de este hombre, pero también sobre la posible alteración de pruebas y el riesgo que corren los testigos", planteó el ex concejal Fernando Rosúa, dirigente del Movimiento Evita, quien acompañó a los vecinos del barrio. En tanto, la fiscal Graciela Argüelles apeló la resolución, ya que su dictamen había sido negativo, ante el pedido de la defensa. Ahora, la Cámara Penal definirá la situación, con el acusado en libertad.

En septiembre de 2010, las nenas asistían al Centro Comunitario de barrio Gráfico, donde militantes del Movimiento Evita comenzaron a notar que llegaban golpeadas por su padre. Poco después, los vecinos de la zona que estaban cerca de la coordinadora territorial del movimiento, Alejandra Fedele, le advirtieron sobre las "vejaciones y abusos por parte de un grupo de hombres", que motivó el rescate por parte de los militantes, ya que la policía adujo que sus efectivos estaban abocados al Mundial de Hockey. Hoy, las víctimas están en un hogar.

Las nenas vivían con su padre, Waltemio C., de 54 años; y su madrastra Josefa A., de 42, ambos con procesamiento firme, acusadas de entregar a las nenas a otros adultos, quienes las sometían a prácticas sexuales aberrantes. También irán a juicio vecinos del barrio: Juan S., de 57 años, alias "el Paraguayo", Agustín V., de 53, apodado "Chaqueño"; y otro hombre apodado "el Tucumano", detenido a mediados de 2011.

Antonio C., alias "Tony", de 60 años, es un empresario y comerciante conocido en el mercado de productores, que reside en la zona norte. El procesamiento por "abuso sexual con acceso carnal", que dictó la jueza de Instrucción 5ª, María Luisa Pérez Vara, fue confirmado por la Cámara Penal a fines de 2011. En un allanamiento, le encontraron material pornográfico y armas. En tanto, las víctimas hablaron de más nenas sometidas. La causa llegó a Sentencia, donde "Tony" --y los demás acusados-- podría ser condenado. Pero ante un pedido de la defensa, le concedieron la libertad con restricciones que había sido negada unas cinco veces durante todo el proceso, incluso, por la Cámara de Apelaciones.

La sustitución de prisión preventiva había sido negada por el juez Kesuani, luego de recibir dictamen negativo de la fiscal, a partir de la cuantificación del daño que hizo la querella representada por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), a mediados de agosto. Sin embargo, sus defensores se presentaron como garantes penales de su cliente, y el juez resolvió hacer lugar al pedido. Entre las restricciones, la resolución expresa que el acusado no puede salir del país, no puede acercarse a las víctimas, ni tener contacto con sus familiares. También se estableció que no podrá merodear en cercanías a las residencias de los testigos de la causa. El hombre, que deberá presentarse semanalmente al juzgado, demostró "solvencia arraigada", como prueba de que no hay peligro de fuga.

La fiscal Argüelles apeló la decisión, porque en su dictamen previo a la resolución, había planteado que estima "insuficientes los recaudos ofrecidos por la defensa: la magnitud de la pena en expectativa conlleva peligrosidad procesal. El peligro de fuga del imputado para sustraerse al cumplimiento de una eventual sentencia de condena no podrá evitarse", dijo.

La querella, en tanto, planteó que el acusado "intentó sustraerse de la acción de la Justicia antes de su detención (fue arrestado dos meses después de la denuncia). El domicilio ofrecido por la defensa como residencia no es el habitual; y su capacidad económica no es un elemento que pueda evitar la fuga, por el contrario, podría facilitarla". Además, los abogados del CAJ repararon en "la grave afectación psíquica de las víctimas"; y señalaron que "un paso de la recuperación de ambas fue la detención de los probables autores".

Al salir del juzgado, Rosúa sostuvo que el magistrado les indicó que "confía en el profesional" que defiende al acusado. "Esperemos que no haya evasión de justicia, ni presión sobre los testigos, porque hay antecedentes de ese tema", señaló. En tanto, los otros procesados continúan detenidos a la espera de una sentencia.