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La Justicia Federal tomó las primeras testimoniales en la investigación de los delitos económicos ocurridos en la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, a partir de 1977. El relato de los directivos, que fueron obligados a renunciar, posee un "verdadero carácter histórico" que involucra a "toda una comunidad educativa", afectada por el plan sistemático de represión ilegal desplegado por la dictadura militar. La Causa Vigil ﷓-desprendimiento de la mega causa Feced﷓﷓ se conformó como tal el 6 de agosto pasado, cuando el juez Federal Marcelo Bailaque, hizo lugar al requerimiento de instrucción del fiscal Gonzalo Stara. Las primeras medidas ordenadas por el fiscal consistieron en una serie de declaraciones testimoniales y la realización de una pericia contable. En tanto, está previsto citar a una veintena de personas para las próximas declaraciones informativas: ex empleados, ex docentes y hasta funcionarios actuales de la provincia.

Entre los delitos que permitieron el saqueo de la Vigil, se sospecha que existió "robo agravado, daño agravado, estafas y defraudaciones contra el patrimonio de la biblioteca", que llegó a constituir el mayor proyecto editorial que funcionó en las décadas del `60 y `70, en el interior de Argentina. Sin embargo, todo se desmoronó el 25 de febrero de 1977, con la intervención por parte de los integrantes de la patota de Feced.

El centro clandestino del ex Servicio de Informaciones (SI) fue el lugar donde se interrogó a los miembros de la comisión directiva, quienes estatutariamente ejercían funciones de contralor en la entidad, más aún, en el marco de un proceso liquidatorio.

Stara confirmó a Rosario/12 que Raúl Frutos, Augusto Duri y Antonia Frutos fueron quienes inauguraron formalmente la colección de pruebas orientadas a reconstruir la verdad histórica. En paralelo con el despojo de los bienes y la intervención de la biblioteca, los principales directivos fueron secuestrados y torturados, sin tener la oportunidad de ser escuchados ante un tribunal hasta el armado de la actual causa, cuya instrucción se delegó en cabeza del fiscal Stara.

Augusto Duri era, en aquella época el presidente de la institución. El hombre, que recuperó su lugar en la comisión directiva en julio pasado, relató detalladamente el clima vivido el año previo a la intervención y su posterior secuestro. Además entregó a la Fiscalía un listado con más de 40 propiedades que la Vigil poseía al momento de la intervención.

Raúl Frutos, que era vicepresidente de la institución y cumplía funciones como encargado de servicios bibliotecarios, relató que se vio obligado a entregar la Biblioteca al integrante de la patota de Feced Alcides Telmo Ibarra, devenido en "asesor pedagógico". También declaró Antonia Frutos. Ella era miembro de la comisión directiva y directora del jardín de infantes. En su relato, la mujer destacó los avances pedagógicos de la Vigil, "de avanzada aún en nuestros días".

También se escuchó el relato de una ex portera de la Vigil; y del ex síndico de la entidad, Omar Pérez Cantón, quien aportó datos precisos relación al patrimonio de la ex biblioteca popular; incluso el último balance antes de la intervención. Cantón también sufrió su propio secuestro y sometimiento a interrogatorios en el SI.

La abogada María Del Carmen Martínez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH), organismo querellante en la investigación, destacó que la Justicia está instrumentando toda la prueba que requirieron desde el principio, cuando se comenzó a hablar de "genocidio cultural" en la Vigil. Por otro lado, el abogado de los directivos de la institución, Marcelo Scalona, indicó que firmarán el préstamo del edificio de Gaboto 450. "Habrá un lugar físico para inscripciones y actividades", dijo. Además, el próximo 23 se realizará la primera reunión de socios, en el club del Banco de Santa Fe, en Alem y 27 de Febrero.