El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, confirmó ayer que se iniciaron sumarios administrativos a policías del Comando Radioeléctrico rosarino que se acuartelaron el jueves y viernes de la última semana. "Es necesario establecer niveles de responsabilidades porque han sido hechos graves", graficó Lamberto quien anunció la conformación de una mesa paritaria en la cartera que dirige compuesta por ocho funcionarios y ocho policías, para discutir condiciones de higiene y seguridad en la labor policial. "No es sindical, pero es un avance", razonó. Con respecto a las dos últimas tapas publicadas en Rosario/12, Lamberto admitió que es "poco propenso a los grandes cambios" de jefes policiales aunque lo hablará con el gobernador Antonio Bonfatti cuando vuelva de Nueva York. También anunció que se ubicará en cada comisaría a un funcionario de Seguridad para que constate el ingreso de menores a esas dependencias tras el aumento de casos de apremios.

--¿Cuál va a ser la forma en que se instruyan los sumarios contra los hombres del Comando amotinados?-, le preguntó este diario.

--Vamos a ver, en base a los testimonios y declaraciones que surjan de la actividad sumarial y probatoria, los distintos grados de responsabilidad. Esto es importante, porque no vamos a hacer una caza de policías, pero creo que es necesario establecer niveles de responsabilidades porque han sido hechos graves.

--¿Qué tipo de delitos se pudieron haber cometido?

--Creo que ha habido un conflicto sobre la prestación de servicio del Comando con una modificación de horarios que no ha sido aceptada. Hasta ahí lo puedo tomar como un planteo de trabajo, puedo entender discutir y debatir modalidades diferentes en la medida en que se garantice y se mejore el servicio. Lo que no puedo omitir es que esto se haga abandonando un turno y con una presentación de patrulleros que debían estar en servicio, frente a la sede de la Gobernación y después en Jefatura. Este es un conflicto que se debió haber resuelto garantizando el servicio. Tal vez si se hubiese adoptado esta modalidad, tal vez hoy estaríamos hablando de otra forma. De todas formas lo importante es que se determine con muchísima prudencia, quiénes tienen que recibir una sanción y quiénes no.

--Para muchos esta protesta se hubiese podido transitar de otro modo con una estructura sindical que negociara algunos puntos sin llegar al conflicto. ¿Qué posición tiene frente a la sindicalización policial?

--Al no haber en Argentina ningún sindicato policial ni provincial ni nacional, debería ser el Ministerio de Trabajo de la Nación el que reconociera la personería gremial. En segundo lugar, estamos frente a una fuerza vertical que funciona en base a los mandos, y la actividad gremial es en base a la libertad sindical, a los consensos y diálogos horizontales, con lo cual tenemos casi una contradicción, un debate horizontal con una línea en base a órdenes. Desde ese punto de vista lo veo poco viable e inconveniente. Esto no quiere decir que no haya que tener instancias de resolución de conflicto. Cuando aprobamos la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo establecimos que podía extenderse a la función pública. En función de esto es que vamos a hacer una especie de paritaria en el Ministerio de Seguridad con una mesa compuesta de ocho miembros de esta cartera y ocho miembros de la fuerza policial, que veremos cómo se los elige, para discutir las condiciones de trabajo que en este caso son condiciones de higiene y seguridad, y que muchas veces tienen que ver con el ejercicio de la actividad en sí misma. Creo que es un avance, sin que esto sea sindical.

--¿Cuándo se lanza?

--Es inminente y lo teníamos resuelto muchos antes del conflicto. Hay que tener instancias de diálogo porque creo que, al margen de la verticalidad, siempre es necesario tener relaciones laborales que permitan hacer más digna una actividad, sobre todo la de policía.

--¿Hay algún jefe policial que va a ser relevado de su cargo?

--Quiero ser muy prudente. Los jefes policiales pensaron en dar mayor seguridad a la población con más patrulleros en las calles. Si después esta medida resultó conflictiva o insuficiente, lo vamos a valorar.

--¿El jefe de policía Hugo Tognoli y su segundo Cristian Sola están confirmados en sus cargos, porque se especulaba con medidas al regreso del gobernador Antonio Bonfatti de su viaje a Estados Unidos?

--Soy poco propenso a los grandes cambios, y me parece que hace falta dar certeza en el ejercicio de los mandos, sino se vive en deliberación y eso debilita a la fuerza. Si hay algún cambio lo conversaré con el gobernador cuando vuelva de viaje, debe ser focalizado estrictamente en el alcance del conflicto. Debemos dar certeza a los mandos de que siguen siendo parte de la conducción de la policía de Santa Fe. De hecho rescato que tanto en el conflicto del acuartelamiento como en la evasión de presos, en ambos estuvieron todos los jefes provinciales y los de Rosario trabajando mancomunadamente. Desde ese punto de vista avanzamos en la idea de una fuerza con una conducción que tenga homogeneidad, a la que vamos a tratar de preservar. Y la preservamos también dando mensajes de que esta instancia de conducción hoy por hoy no está cuestionada por este gobierno.

--El fiscal de Cámara Guillermo Camporini, ha revelado en la edición de ayer de Rosario/12 que han aumentado entre un 20 y un 30 por ciento las denuncias por apremios ilegales contra la policía.

--Tenemos la preocupación de que los malos tratos y apremios sean erradicados de las comisarías. Nos preocupa porque es un derecho humano, y también porque en el nuevo Código Procesal Penal no veo que sea sostenible una declaración obtenida sin la participación de defensores o autoridades judiciales porque eso va ser caer todo el proceso. Por lo cuál va ser muy negativo para la propia fuerza. De todos modos, hablé con Matías Drivet (secretario de Control de la Fuerzas de Seguridad), que está corroborando las cifras. Pero en lo puntual vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Justicia para que haya representantes del Ministerio de Seguridad que se constituyan en cada comisaría y que intervengan cuando hay un menor detenido, para verificar su estado.