La suspensión del protocolo para atención de abortos no punibles que pidieron -y que por algunas horas lograron- los abogados Gerardo Casadei y Gabriela Quadri causó malestar en el foro rosarino. También la aprobación en otros casos. Pero amén de la decisión del juez Claudio Bermúdez, denunciado por prevaricato, lo que molestó fue que uno de los letrados que promovió esa acción sea el presidente de la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. A más de uno eso le parece una contradicción y le irrita que en el medio quede una entidad colegiada que nuclea a más de 8.000 profesionales.

Como el titular de la entidad, Ignacio Del Vecchio, no atendió los llamados, este diario requirió el parecer de las dos presidentas de la comisión de Derechos de la Mujer, que también integra el cuerpo de institucional del Colegio de Abogados como la mesa que dirige Casadei. Una de ellas, Liliana Urrutia, se abstuvo de opinar. "No tengo opinión formada. Desde lo institucional no puedo porque las comisiones respondemos al Directorio, y personalmente no lo haré tampoco", eludió.

Rosa Acosta, la otra co presidenta, sí respondió: "La Corte Suprema de la Nación ha hecho una correcta interpretación del artículo 86 del Código Penal y eso ya está fuera de discusión. Entonces, esa acción (la cautelar solicitada por Casadei y Quadri) está lesionando el derecho de la mujer que ha sido producto de largas luchas, inclusive la interpretación de la norma positiva existente en nuestro país sobre aborto no punible", dijo.

Acosta, que supo desempeñarse en el Area de la Mujer de la Municipalidad y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia bajo las gestiones de Hermes Binner, consideró que "sería un retroceso si hubiera que pedir autorización judicial (para realizar un aborto no punible) por las creencias de sectores sociales que son dignas de tener en cuenta, pero que perjudican a la mujer. No se tiene que victimizar más aún a una persona que ya ha sido víctima. La declaración jurada de la mujer no es ligera, está acompañada por un consentimiento informado, por equipos interdisciplinarios".

-¿Cómo puede ser entonces que quien promueva una acción judicial en ese sentido sea un directivo del Colegio de Abogados, que encima preside la comisión de Derechos Humanos?, preguntó Rosario/12.

-Bueno, todavía hay sectores que pueden manifestar su creencia y su interpretación de la norma, y expresarse. Para eso acuden a la Justicia. La clave es cómo resuelve finalmente la Justicia. No digo 'desgraciadamente', pero hay que aceptar la diversidad, el consenso en las instituciones, y sobre todo, el respeto de la ley. Quizás, en todo caso, (Casadei) debiera abstenerse, pero él piensa de esa manera y utiliza los medios que la norma le da para resguardar derechos, entonces acude a la Justicia. El problema es que el juez no actuó en forma rápida conociendo el derecho y la jurisprudencia existente, y desoyó los dos fallos de la Corte, el caso F.A.L. y el de la mujer violada y embarazada que fue víctima de trata en Ciudad de Buenos Aires".

-A priori, parece que hay una contradicción interna que el Colegio tendrá que dirimir.

-Sí, pero no he conversado con el doctor Casadei, y no he estado en Rosario en estos días (NdR: Acosta atendió a este diario telefónicamente, desde Santa Fe). Puede ser que la comisión de Derechos de la Mujer emita una opinión. En lo personal, considero esto que dije, en sintonía con la Multisectorial de Mujeres de Rosario: que es un avasallamiento a derechos conquistados, máxime cuando cobran valor en Latinoamérica, como acaba de demostrarlo Uruguay (con la despenalización del aborto hasta la 12ª semana de gestación). Es un tema polémico, cada uno actúa según le indique su conciencia y su creencia, pero insisto, un juez tiene que aplicar las normas que están hechas para todos y todas.

-¿Como titular de la comisión de Derechos de la Mujer planteará algo en concreto en el Colegio?

-Voy a charlar.

El abogado Vildor Garavelli presidía la comisión de Derechos Humanos hasta la asunción de Ignacio Del Vecchio como titular electo del Colegio por la lista Defensa Profesional en alianza con dos listas, una vinculada al socialismo y otra relacionada con el peronismo. Este letrado, con trayectoria en la defensa de derechos humanos, renunció al rechazar el ofrecimiento que Del Vecchio le hiciera de co dirigir dicha comisión junto con Casadei. Consultado sobre la posición que jugó su colega, en tanto dirigente del partido Demócrata Cristiano, Garavelli opinó: "En ejercicio de la profesión, él tiene el derecho de representar a quien quiera, pero su posición es contraria a los fallos de la Corte, y no corresponde, por lo tanto, que lo haga siendo presidente de la comisión de Derechos Humanos del Colegio. Es contradictorio porque la Corte, precisamente, en sus dos fallos lo que hace es ratificar la vigencia de los derechos humanos y se da de patadas con la posición de Casadei, de evidente corte confesional, vinculada a un credo en particular, y que trata de imponérsela a toda la sociedad. Por supuesto que -aclaró- la responsabilidad es de los jueces, sobre todo".

El antecesor de Casadei señaló que "desde el punto de vista ético y político, es una posición que tiene que ver más con lo confesional que con lo que debe representar y defender la comisión de Derechos Humanos de un colegio de abogados tan importante como el de Rosario".