La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe suspendió preventivamente al juez Civil y Comercial Nº 17, Alejandro Pedro Martín, y a su secretario Ricardo Lavaca, que están siendo investigados ante una denuncia del Banco Municipal por presuntas irregularidades en el manejo de depósitos judiciales. "Lo que se está investigando es si hubo exceso en el uso de las facultades (por parte del magistrado)", dijo a Rosario/12 la fiscal de Cámaras, María Eugenia Iribarren, que junto al fiscal de primera instancia Carlos Covani trabajan en el caso de presunta corrupción con recursos económicos, que recayó en el juzgado de Instrucción Nº 12, a cargo de Mónica Lamperti. La suma de dinero que figura en la acusación asciende al millón de pesos. La denuncia involucra a abogados cuyos estudios y domicilios particulares fueron allanados anteayer, al igual que el juzgado del fuero civil en cuestión. En total, fueron seis los allanamientos en el marco de la causa. Si bien el fiscal pidió las indagatorias de los sospechosos, hasta ayer no habían sido ordenadas.

Frente al escándalo que significa el apartamiento de un juez, la información que se dio ayer desde Tribunales fue cautelosa. Según indicó el fiscal Covani, el banco denunció "irregularidades en embargos que ordenó el juzgado" Civil y Comercial Nº 17, respecto de fondos que correspondían a causas judiciales de "otros juzgados"; y la posterior "disposición de esos fondos". La entidad consideró que el movimiento de dinero no estaba justificada o que era, al menos, "poco clara", y eso es justamente lo que investiga la Justicia. En la denuncia se habla de un millón de pesos, pero la investigación todavía no confirmó la cifra.

Pasado el mediodía de ayer, el máximo tribunal santafesino dio a conocer el resultado de la acordada: la "suspensión preventiva" del juez y el secretario aparentemente involucrados en "irregularidades que se habrían cometido en la tramitación de causas judiciales en el Juzgado Civil y Comercial Nº 17", reza el comunicado oficial. Según se indicó, la denuncia llegó a la Corte el 31 de octubre pasado, y si bien se inició un sumario administrativo "para deslindar las responsabilidades del caso designando como instructor a un vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario", la acusación está en la Justicia penal. "En el mismo día y con la urgencia del caso, se notificó al fiscal para dar inicio a las actuaciones jurisdiccionales", dice el texto.

Desde la subgerencia del Banco Municipal, Ana María Bonopaladino confirmó que la presentación fue realizada por la entidad bancaria como "depositarios" de las cuentas en investigación. De todos modos, el banco no habría sufrido perjuicio económico. La funcionaria prefirió no dar precisiones en cuanto a la denuncia, aunque aclaró que "es la primera vez que se da una cuestión así". Los depósitos judiciales están radicados desde marzo de 2010 en el Banco Municipal.

La jueza Lamperti ordenó seis allanamientos. Más tarde, este diario pudo saber que dos de estos fueron realizados el miércoles pasado en estudios jurídicos de Tucumán al 1300 e Italia al 700, cuyos profesionales estarían bajo la lupa judicial.

Desde el Colegio de Magistrados, el presidente Ignacio Del Vecchio, no tenía ayer precisión de las acusaciones a los letrados, aunque sí tomó conocimiento de los allanamientos en estudios jurídicos, ya que el Colegio fue informado previamente, como fiscalizador.

La magistrada ordenó también el allanamiento del despacho del juez Martín, en los Tribunales provinciales, medida que se cumplimentó anteayer con la finalidad de asegurar pruebas de interés para la investigación.