Desde el 2011 y en lo que transcurrió del 2012, el cuerpo de abogados del Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar) denunció 69 casos de apremios ilegales en comisarías de la ciudad, "un número bastante alto", como consideró la subsecretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Débora Cotichini. La situación se agrava porque "hay bastante inactividad del Poder Judicial" con relación a estas denuncias. "Las investigaciones no avanzan, la mayoría de las denuncias no se investigan como deberían", afirmó en ese sentido la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia Nadia Schujman.

A fines del 2010, en el IRAR se implementó un protocolo de atención ante el ingreso de cada adolescente que haya denunciado haber sufrido algún tipo de abuso en una comisaría. "Lo que hacemos es poner en conocimiento a la órbita judicial en relación a cómo llegó ese chico. Un informe, que lo hacemos a través de Fiscalía, el Juzgado de Menores que está en turno y a través de Instrucción también", explicó Cotichini. Todo ese circuito se completa con el envío del informe a la Secretaría de Derechos Humanos, desde donde se denuncia cada hecho a Asuntos Internos del Ministerio y se efectúa un seguimiento de las actuaciones judiciales.

El abuso policial hacia menores, que se manifiesta sobretodo a través de golpes físicos, "está bastante generalizado" en todas las dependencias policiales de Rosario. Y es más habitual "cuando (el joven) es conocido, es reincidente, cuando tiene fuga, cuando se suma algún factor por el cual puede haber algo que para ellos es motivo de castigo", apuntó Schujman. La cantidad de casos relevados dan cuenta "de varios lugares de la ciudad" donde se cometen apremios ilegales. "No se concentra en una comisaría", señaló la subsecretaria de Derechos Humanos. Asimismo, la cantidad de denuncias se elevó en un gran porcentaje en el año que corre.

"El número es muy alto en relación a lo que va de 2012, en 2011 no es tan alta", describió Cotichini. De las 69 denuncias, dos corresponden a policías que cumplen tareas en el IRAR, el resto refiere a agentes que se desempeñan en comisarías locales. "Son muchos los casos. Te diría que prácticamente todas las semanas o semana por medio recibimos algún caso", avaló Schujman. "Casos de extrema gravedad hemos tenido uno, pero que ha sido por una situación de que a un joven se le pega en la calle y se genera una turba linchadora. Ahí hubo un joven bastante golpeado, pero no por la policía", precisó Cotichini.

Derechos Humanos sigue de cerca cada denuncia efectuada. Inicia un expediente, realiza actuaciones e, incluso, acompaña a los familiares de los jóvenes. "Para todos los casos de apremios pedimos informes en el juzgado donde quedó radicada la denuncia", explicó la titular de la subsecretaría. Pero chocan contra el detenimiento de causas en algunas oportunidades. "En muchos casos nos contestan los pedidos de informes diciéndonos que no se hizo nada prácticamente, salvo algunas excepciones que se han trabajado", detalló la funcionaria y ahondó: "Algunos juzgados han llamado a declarar, como para saber cuales fueron las cosas que se detectaron institucionalmente, pero no muchos".

Para revelar casos de apremios, dentro del Ministerio de Seguridad definieron una "estrategia que tiene que ver con un protocolo de atención en IRAR, cuando el joven que ingresa es revisado. Si la planilla prontuarial de la policía no coincide con la ficha del enfermero de la policía, el enfermero rápidamente da aviso a la Dirección, que da aviso al departamento jurídico y ahí se toma una entrevista al joven y se empieza con un circuito, que es un informe hacia wotras instituciones", explicó Cotichini.