La semana que viene se avisora clave en el marco del escándalo que generó la denuncia de maniobras irregulares con depósitos judiciales, y que derivó en la suspensión preventiva del juez y el secretario del juzgado Civil y Comercial Nº 17. El Juzgado de Instrucción 12º, a cargo de la investigación penal, reúne informes para elaborar la imputación de los hasta ahora seis sospechosos, y citarlos a indagatoria la semana que viene. En tanto, la defensa del magistrado Alejandro Martín pidió la suspensión del sumario administrativo "hasta que se dicte una resolución firme en la causa penal". Además, continúa la búsqueda de una presunta conexión bancaria que haya facilitado información sobre las cuentas inmovilizadas, para llevar adelante los pagos irregulares de los que fueron beneficiarios tres abogados y un martillero. También hay cinco expedientes que fueron retirados del Civil 17º sin la firma correspondiente de recibos, y no fueron devueltos. Si bien la imputación no está resuelta, se habla de los posibles delitos contra la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, estafa y asociación ilícita.

A partir de la denuncia del Banco Municipal, el 31 de octubre pasado, sobre maniobras "poco claras", con embargos ordenados por el Civil 17º, en Tribunales rosarinos hay manifestaciones de asombro, rumores y sospechas. Lo cierto es que la investigación tiene dos aristas: por un lado, la jueza de Instrucción Mónica Lamperti investiga las maniobras irregulares presuntamente realizadas entre los responsables del juzgado y los profesionales a quienes les fueron allanados sus estudios jurídicos; y por el otro, el vocal Edgar Baracat, que fue designado por la Corte, es quien instruye el sumario admistrativo.

Cuando se inició ese trámite, el instructor corrió traslado de la denuncia al juez y al secretario separados; y ayer vencía el plazo para responder con las explicaciones pertinentes, ante eventuales sanciones disciplinarias. El secretario Ricardo Lavaca hizo su presentación a mitad de esta semana; mientras que el juez Martín lo hizo ayer. Según pudo saber este diario, son quince carillas en las que, entre otras cosas, el magistrado "niega haber incurrido en alguna clase de responsabilidad penal, civil o disciplinaria" sobre lo denunciado. En cambio, se refirió a la "responsabilidad del banco como administrador de los depósitos judiciales", que hizo la denuncia por irregularidades sobre el mecanismo para extrer el dinero, apenas detectó las maniobras. Además, aclaró que "el control del sellado no es obligación del juez".

En la causa penal, se espera que lleguen los informes solicitados al Banco de Santa Fe, la Caja Forense, el Colegio de Martilleros y de otros juzgados civiles, para citar a indagatorias a los hasta ahora seis involucrados. "Ya está la estructura del delito, ahora faltan los detalles", refirió una fuente judicial.

La mecánica consistía en librar embargos desde el juzgado investigado a partir de cinco expedientes, sobre depósitos judiciales de otros juzgados, lo cual llamó la atención de los responsables de la entidad. Sucede que por cada embargo, debería haber una resolución. Además, se indicó que "no hay conexidad entre los bienes que se embargaron y los cobradores", lo que dejaría en evidencia la ilegitimidad de los pagos.

Al mismo tiempo, la Justicia continúa en la búsqueda de una conexión bancaria. Aunque el dato puede no ser relevante, al parecer, con el traspaso de los fondos de depósitos judiciales de la entidad privada al Banco Municipal, a mediados de 2010, también hubo traspaso de empleados de un banco a otro.

Por otro lado, trascendió que además de los 548 mil pesos que se devolvieron tras la denuncia se habrían realizado más depósitos, al parecer, con la idea de "mejorar alguna situación procesal".