"No quiero fotos", le gritó al reportero gráfico de Rosario/12 Valeria Corbacho, abogada contratada por los represores Manuel Fernando Saint Amant y Jorge Muñoz en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás. El presidente del Tribunal Oral Federal número 2, Omar Digerónimo, le retrucó: "Debió haber avisado antes, doctora". El episodio ocurrió ayer, antes de la audiencia en la que la defensora fue la primera en alegar. Fue curioso que clamara por la inocencia de los imputados en el delito de genocidio, una acusación que no realizaron las querellas ni la fiscalía. Las caras de los abogados Ana Oberlin, Lucas Ciarniello y Carolina Ibáñez, y de los fiscales Adriana Saccone y Juan Murray trasuntaban desconcierto al escucharla.

Saint Amant, que fue jefe del área militar 132, responde por la desaparición de seis militantes entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, como así también por la masacre de la calle Juan B. Justo 676, donde asesinaron a balazos a los militantes Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini y Ana María Granada. Los niños Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, fueron asfixiados por gases lacrimógenos. Por esta matanza, están imputados también el ex jefe de la Policía Federal de San Nicolás, Jorge Muñoz y el ex miembro de la plana mayor del Ejército, Federico Bossié, que tiene defensor oficial.

En su alegato, Corbacho reflotó la teoría del enfrentamiento en la calle Juan B. Justo, que fuera desmontada por las querellas y la fiscalía en los alegatos del 27 y 28 de noviembre pasado. También desarrolló la hipótesis del suicidio de Amestoy y Fettolini. La querella y la fiscalía lo habían descartado pero habían considerado que --de darse ese "extravagante" supuesto-- los represores tenían responsabilidad, porque los militantes querían evitar los previsibles sufrimientos posteriores. Corbacho intentó retrucarlos ayer, al afirmar que no les esperaba "nada" y lo hizo con un argumento siniestro: dijo que habrían afrontado un proceso judicial, tal como pasó con Roberto Alfredo Giménez y Marta Trepat de Giménez. Justamente, este matrimonio fue juzgado en 1976 por haber sido garantes del alquiller de la casa donde vivían los Amestoy y Granada, con su hijo de cinco meses Manuel Gonçalves Granada, único sobreviviente de la masacre. Trepat de Giménez declaró que fueron torturados en el marco de ese proceso. El testimonio de la mujer se produjo en la etapa de instrucción de esta causa, y debió ser incorporado por lectura al juicio oral, debido a las secuelas de los tormentos sufridos en 1976.

Corbacho es también abogada del ex comisario Luis Patti. En el alegato de ayer, responsabilizó por la muerte de los niños a sus padres --que según ella los "pusieron en riesgo"--, y trató de argumentar que para la asfixia de los pequeños intervinieron otros agentes tóxicos, además de los gases lacrimógenos. Otra afirmación que no se acreditó con pruebas.

El juicio que comenzó el 3 de julio pasado en el TOF 2 está llegando a su fin: hoy y mañana terminarán los alegatos de las defensas, la semana próxima habrá réplicas y dúplicas de las partes, y las últimas palabras de los imputados. Se espera que entre Navidad y Año Nuevo se lea el veredicto de los magistrados Digerónimo, Beatriz Caballero de Baravani y Jorge Venegas Echagüe.