Con bombas de estruendo y bocinazos, los taxistas nucleados en el Sindicato de Conductores de Taxis repudiaron la resolución de la jueza en lo Civil, Silvia Cicutto, que rechazó "por inadmisible" los alrededor de 240 recursos de amparo que habían presentado los conductores contra la ordenanza que estipula la instalación de equipos de GPS. Omar González, dirigente gremial, aseguró que está "de acuerdo con los controles", pero reclamó que "los haga la Municipalidad, y no una empresa privada. Se pueden hacer los controles con los relojes odómetros, pero ahora quieren GPS, así que los tendría que proveer la Municipalidad"; dijo al tiempo que apuntó contra la magistrada: "No quiero pensar que hubo un arreglo con la Municipalidad". Por su parte, el secretario de Servicios Públicos municipal, Pablo Seghezzo, minimizó el reclamo. "No son más del seis por ciento los taxistas que hicieron la presentación, y menos del uno por ciento los que se manifestaron. No quieren que se los controle", señaló.

Desde el sindicato plantean que la imposición de ese sistema de seguridad, que aprobó el Concejo Municipal, los perjudica; y alegaron que "ataca la libertad de trabajo". "Nos tiraron la presentación por la ventana, y es nuestro derecho que un juez lo trate. No se puede decidir en cuatro días. Lucharemos hasta las últimas consecuencias para evitar la destrucción de nuestras fuentes de trabajo", señaló Francisco Báez, secretario gremial. "Nos llamaron a conciliación y nos encontramos con que la jueza ya había declarado inadmisible la presentación. Cedió a las presiones del poder mafioso económico y político de esta ciudad", lanzaron.

Tras la presentación de los taxistas en la Justicia, a fines de noviembre pasado, la jueza había dispuesto una audiencia de conciliación; pero "la Municipalidad no apareció", se quejó González, quien deslizó la posibilidad de un "arreglo". La resolución en la que rechaza las presentaciones tiene fecha del 4 de diciembre. Seghezzo indicó que se los había citado a la audiencia, que luego "se suspendió, con muy buen criterio porque no se está cortando la libertad laboral", dijo sobre la resolución judicial.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado planteó que "una cosa es saber dónde está la unidad y otra cosa es saber si está trabajando"; por eso, el GPS será sincronizado con el odómetro.

Báez aseguró: "Acá el problema no es el GPS, sino que hay un sistema de control que va implementar la municipalidad, pero nosotros contratamos un experto en la materia y no es seguro: cualquiera puede entrar desde una computadora y me borran todo, y aparece como que hace una semana no trabajo y me sancionan. Hay concejales que también son muy caraduras".

La marcha de ayer salió de Rivadavia y Oroño y llegó a Tribunales pasadas las 10, donde decenas de taxis cortaron calle Balcarce al 1600, y repudiaron la medida judicial que ya fue apelada. "Ahora el tribunal de Alzada decidirá; porque esta jueza se olvida que detrás de cada taxista hay una familia. El poder político está colapsado en esta ciudad. Hace años decíamos que hay inseguridad y nos trataban de mafiosos y mentirosos", dijo Báez.

La intención de la Municipalidad es implementar la norma antes de que finalice el año para los casi tres mil coches que ya tienen el dispositivo, que deberán suministrar la información al municipio.

En tanto, los otros ochocientos que no tienen GPS "están obligados" a instalarlo y tendrían tiempo hasta el primer trimestre de 2013.