Pequeños productores de los departamentos 9 de Julio y Vera se declararon "en estado de alerta y movilización" ante intentos de desalojo por la fuerza de campesinos humildes del norte santafesino y responsabilizaron al gobierno provincial por las eventuales consecuencias del conflicto. Una de las jornadas más tensas se vivió en Gato Colorado, donde la jueza civil y comercial de Tostado, Haydé Regonat, ordenó a la familia Barberis, que explota un campo de 360 hectáreas desde hace 70 años, la entrega de la tierra a un conocido abogado de Santa Fe, dispuso el envío de 70 efectivos de la Guardia Rural Los Pumas y la Policía de Tostado para cumplir la medida, pero después la dejó sin efecto. Pero durante la mañana del jueves, los Barberis sufrieron otra violación a sus derechos: unos 30 jinetes vestidos de civil invadieron su campo para arriar la mitad del ganado, pero sin éxito por la rápida reacción de otros productores que se solidarizaron con sus vecinos. "Una jornada vergonzosa", la calificó la Multisectorial de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos.

El origen del conflicto es una medida cautelar de la jueza Regonat, que obliga a la familia Barberis a "entregar provisoriamente" el campo al abogado Juan Carlos Adrover, dirigente de la Federación Agraria Argentina y ex presidente de la Conadep en Santa Fe. La medida se tenía que cumplir el jueves. El responsable de ejecutarla era el juez comunal de El Nochero, Fernando Nicola, para lo cual tendría el respaldo de 70 efectivos de Los Pumas y de la Policía que se movilizaron hasta Gato Colorado, a 40 kilómetros del campo. Unos 25 productores de la zona y militantes de la Multisectorial se convocaron en la casa de los Barberis, para acompañar a sus vecinos.

"Esperamos durante toda la mañana la llegada del juez Nicola, que supuestamente iba a llevar adelante la medida, pero no vino. Ni él, ni la policía", dijo a Rosario/12 el dirigente del Movimiento Evita, Cristian Acosta. "Pero alrededor de las diez y media, aparecieron unos 30 sicarios a caballo", relató Acosta. "Habían ingresado por el fondo del campo, donde cortaron el alambrado y comenzaron a arriar el ganado de la familia Barberis hacia la ruta, como una presión para que abandonen su tierra. Eran vaqueanos, después tuvimos la información de que eran peones contratados por Adrover para llevar adelante el desalojo por mano propia", denunció Acosta.

"Intentaron llevarse la mitad del ganado, pero algunos campesinos le salieron al cruce, tomaron caballos y los empezaron a seguir. Y después de algunos forcejeos, porque ellos no imaginaban que iban a tener resistencia, los pudieron correr. Se fueron sin el ganado", agregó Acosta.

Después del mediodía, la jueza de Tostado suspendió la medida cautelar. "El desalojo con las fuerzas de seguridad legales se suspendió a las 13.30", dijo Acosta. "El Ministerio de Seguridad informó que iba a enviar veedores, con filmadoras, para garantizar la seguridad de los campesinos, pero nunca llegaron", agregó.

La Multisectorial se declaró en "alerta y movilización ante un nuevo atropello a los derechos de los pequeños productores del norte santafesino" y responsabilizó al gobierno por las consecuencias del conflicto. Y pidió el "urgente tratamiento" en la Legislatura de un proyecto de ley de la diputada Susana García, que apunta a frenar los desalojos por cinco años. "Hoy más que nunca: la tierra es de quien la trabaja", planteó la Multisectorial.