El grupo liderado por la empresa brasileña Vega y el grupo Pescarmona ganaron la licitación de la higiene urbana y gestión de residuos de Rosario, y tendrán a su cargo la recolección de la basura durante los próximos siete años en el norte y el sur de la ciudad, respectivamente, por un monto global de 2.019 millones de pesos. El mayor contrato de servicios públicos del municipio deja seis años de prórrogas sucesivas que le depararon al socialismo críticas recurrentes de la oposición. Por eso ayer, la intendenta Mónica Fein y sus secretarios connotaban una sensación triunfal durante el anuncio de la adjudicación.

"Nos tomamos este tiempo para resolver la adjudicación porque ante una licitación de 2000 millones de pesos a 7 años tomamos en cuenta factores como el proceso inflacionario, las pautas salariales, la necesidad de importar equipos y, sobre todo, ayudó la aprobación del presupuesto municipal con la modificación del aporte de la TGI que permitirá costear todo el servicio, una mayor cobertura con mejor prestación, con un 15 por ciento más de certificación mensual que lo actual", explicó la jefa municipal sobre la postergación de la licitación lanzada en enero de 2011.

Junto a los titulares de Servicios Públicos, Pablo Seghezzo, de Hacienda, Verónica Irízar, y de Gobierno, Fernando Asegurado, Fein anunció ayer la firma del decreto que adjudica la higiene urbana y disposición de residuos a la unión transitoria de empresas integrada por Vega Engenharia Ambienta SA y Caputo SAICYf para la zona norte, que hasta ahora es atendida por Cliba, del grupo Roggio, perdedora en la compulsa. La UTE ganó la concesión al cotizar 1.062,8 millones de pesos. Vega responde a capitales brasileños que atienden este negocio en 17 ciudades del país vecino y también en Perú. Caputo es la constructora que levantó el complejo Ciudad Ribera, en Puerto Norte.

El servicio para la zona sur seguirá en manos del mismo prestador, puesto que Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa) retuvo la concesión al cotizar 956,7 millones de pesos. El servicio en el área central estaba fuera de licitación. Sigue a cargo del ente municipal SUMAR.

El pliego licitatorio brinda una concesión de 7 años con opción a uno más de prórroga. Impone una transición de 140 días en los que Vega-Caputo tendrá que tomar la posta de Cliba. Y en ese período se dirimirá la exigencia del Sindicato de Recolección y Barrido de que las concesionarias indemnicen a sus trabajadores. Ayer Seghezzo despejó responsabilidades del municipio en esa puja.

Las empresas tienen que hacer un desembolso inicial de 120 millones de pesos para renovar 112 vehículos del parque automotor de recolección y ampliar las áreas de cobertura de carga lateral de contenedores. Deberán aumentar en los primeros seis meses de las 140 islas de separación actuales a 750, como para ir adecuando el sistema a la planta de separación que se construye en Bella Vista. Ambos contratos obligan a incrementar las zonas de contenerización, y pasar de las 9000 unidades actuales a 13000 en toda la ciudad.

La concesión incluye la creación de un "programa de veedores vecinales voluntarios", un mecanismo de fiscalización ciudadana en el que intervendrán organizaciones civiles para monitorear la prestación del servicio. Y asigna 2 por ciento de la certificación mensual que deberá pagar el municipio a concientización y divulgación de pautas de separación y minimización de residuos en origen.

La concesión del servicio fue un blanco de la oposición en el Concejo. Una crítica apunta a unos 150 millones de pesos que el municipio adeuda a las prestadoras actuales. Irízar señaló que esa deuda está acomodada "por un convenio de prórroga de certificados desde 2005 por lo que la Municipalidad paga 180 días después del vencimiento original".