Después de una semana de acusaciones cruzadas a través de los medios sobre la actitud del Estado frente al narcotráfico, el gobierno provincial y el Movimiento Evita le pusieron coto a una escalada verbal que condimentó el duelo político de enero entre oficialismo y oposición, pero que resultó inofensiva para el problema que unos y otros pretenden resolver. Nadie convenció a nadie, pero por primera vez desde la balacera en Nuevo Alberdi, ayer se sentaron a conversar en la delegación de Gobernación el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y su secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani, con los diputados Eduardo Toniolli y Gerardo Rico, y el titular del Movimiento Evita en Santa Fe, José Luis Berra. Estos mantuvieron sus críticas a la gestión y reclamaron el relevo de los policías de la subcomisaría 2ª, empezando por el jefe a quien señalaron como el dueño del kiosco de drogas que quebró la paz del barrio. Aquellos antepusieron la existencia de la investigación judicial para obrar en consecuencia, "sin emprender una caza de brujas", pero revelaron que analizan la posibilidad de cambiar el personal de la seccional policial.

Los dirigentes de la agrupación kirchnerista marcaron su demanda para que el gobierno cumpla con la reforma policial declamada. "Está cada vez más demostrada la necesidad de que haya un control político de la policía, y de que se cree una policía judicial", marcó Toniolli. Aprovecharon para poner sobre la mesa el proyecto de reforma del código de procedimiento que esgrime esa agrupación: "La policía tiene que dejar de tomar las declaraciones, eso tiene que hacerlo un fiscal o un juez, como ocurre en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Por esa atribución, acá aparece un policía armando y desarmando los primeros pasos de una investigación según sus intereses, filtrando información a narcotraficantes, y encima lo querían poner a custodiar a un testigo clave como Ramón", expuso el diputado. Se refirió al subcomisario Marcelo Fabián Mendoza, jefe de la subcomisaría 2ª, quien envió a una agente al policlínico Eva Perón a tomarle declaración a Carlos Ferreyra, uno de los jóvenes militantes baleados el jueves 10 por traficantes en guerra con otros por el control del barrio. Ramón es el padre de ese joven, quien debió abandonar el barrio con su familia luego de ser amenazado de muerte. Los Ferreyra ratificaron su denuncia contra Mendoza ante el fiscal federal Matías Di Lello, de San Nicolás, y fueron reubicados fuera de la provincia por su seguridad.

Los dirigentes pidieron a Lamberto que garantice la seguridad de la esposa de Gastón Arregui --el tercer baleado, que sigue grave en el Heca-- y la de los vecinos que desde aquel tiroteo se sienten expuestos a posibles represalias de uno u otro bando en pugna. La madre y la hermana del albañil abandonaron el barrio.

Toniolli reveló que no les consintieron el pedido de que reemplacen los policías de la seccional. "No decimos que los exoneren ahora, sin juicio, pero sí que los saquen de esa zona. Lo mejor no es custodiar a los testigos, sino tener un gesto político y sacar a esos policías", reclamó. Y aseveró que Liliana Montenegro, quien atendía el bunker de Somoza y Luzuriaga, "trabajaba para Mendoza", a juzgar por lo que decían sus custodios ante cada queja de algún vecino: "Vayan a denunciar, total acá vendemos la de la Gorra", repitió Toniolli.

El legislador enhebró los crímenes de Villa Moreno, el de Mercedes Delgado en Ludueña, el ataque a vecinos de Granadero Baigorria por destruir un kiosco de drogas y el tiroteo de Nuevo Alberdi como picos del mismo problema. "El gobierno debe enfrentar el narcotráfico de raíz, y para empezar es preciso una reforma profunda de la policía", dijo.

El llamado al diálogo partió anteayer de Lamberto, con la cintura política propia del legislador que ha sido. La reunión se hizo ayer por la mañana y sin aviso a la prensa. Pero nadie se levantó y se fue, como sucedió en octubre, la primera vez que el gobierno llamó a la oposición a discutir sobre seguridad.

Tal como lo anticipara esta semana su colega Matías Drivet a Rosario/12, el secretario de Seguridad Comunitaria dijo que la posición del gobierno es "allanarse a la investigación judicial en marcha, y obrar en consecuencia de eso". Argumentó con eso la negativa a remover el personal policial --"No hay que desatar una caza de brujas", dijo--, pero soltó que "se está estudiando hacer relevos en la medida de lo que surja en el avance de la causa". No como sanción, pero sí como un traslado preventivo. Eso hizo Seguridad en setiembre pasado con el anterior jefe de la subcomisaría 2ª, Nelson Tobajas, depuesto de ese cargo que ocupó dos años y destinado sin función específica en Jefatura de la Unidad Regional II.

Ante el planteo de los visitantes para introducir cambios legislativos que quiten a la fuerza de seguridad la facultad de tomar declaraciones a testigos e imputados, Ruani aclaró: "Esa discusión es válida. Quizás no está definido jurídicamente ese cambio normativo, pero que conste que yo siempre pido que no vayan a las comisarías, que declaren en fiscalía, o en Asuntos Internos, y yo me ofrezco a acompañar. Lo propuse en el caso de Ramón Ferreyra, pero en la conmoción de aquel día tal vez no lo consideraron".

"Empezamos a buscar un camino juntos --rescató Ruani--, dejando de polemizar a través de los medios para poner paños fríos más allá de los reclamos. Ellos mantienen su cuestionamiento a la gestión y nadie va a cambiar de idea, pero el problema es de todos y está bien que lo abordemos de esta manera".