El Movimiento Giros irá hoy a los Tribunales provinciales para recusar a la jueza de circuito número 5, Stella Maris Bertune por parcialidad. Giros conoció ayer la decisión que tomó la magistrada de aceptar una fianza -curiosamente, sin monto- del empresario Mario Jáuregui para hacer efectivo en 15 días el desalojo del Tambo La Resistencia del barrio Nuevo Alberdi. Los militantes presentarán otro escrito para manifestar que están amparados por la ley provincial que suspende por cinco años los desalojos de campesinos, que está vigente desde el 14 de enero pasado. Al mismo tiempo, Giros considera que se cerraron los caminos de una salida jurídica pacífica y apuesta a una urgente salida política "con la intervención del gobierno provincial". Para eso, reiterará su pedido al gobernador Antonio Bonfatti para que envíe a las sesiones Extraordinarias el proyecto de ley de expropiación de las 7,5 hectáreas donde está instalada la unidad que produce 800 litros de leche por día, dando trabajo a ocho familias.

El Movimiento solicitará además la revocatoria al decreto que acepta la fianza, por considerar que se trata de una medida irreversible. "No es una vivienda de la que uno se va cuatro meses a esperar la resolución. Desmontar todo el tambo es terminar con la unidad productiva. No hay monto que pueda resarcir ese daño si el fallo termina siendo favorable", apuntó Juan Monteverde, uno de los integrantes de la organización.

Giros valoró la reunión que mantuvieron la semana pasada con los ministros de Desarrollo Social, Mónica Bifarello y de Justicia, Juan Lewis. "Básicamente, hubo un cambio de actitud. Nos atendieron y estamos viendo cómo hacer para frenar el desalojo violento. No queremos seguir fomentando este nivel de conflictividad social", expresó Monteverde.

Desde el Movimiento manifiestan cierto optimismo: "Queremos tener un ambiente de resolución política. Por la estrategia del privado y como está pensada toda la estafa, no hay una salida jurídica sino política", agregó. En ese sentido, el proyecto de ley presentado por los diputados Eduardo Toniolli y Oscar Urruty en noviembre pasado, para pedir la expropiación, contó con la firma de dos tercios de los legisladores provinciales. Los integrantes de Giros confían que, si el gobernador decide mandarlo a Extraordinarias, pueda aprobarse, incluso, sobre tablas.

Ayer fueron notificados de la decisión de la jueza Bertune, que aceptó de Jáuregui una fianza sin monto, y decidió ordenar el desalojo sin esperar la resolución de la apelación presentada por Giros. "Según el mecanismo de la fianza, la jueza tiene que decir cuál es el monto a establecer en caso de que el fallo nos de la razón a nosotros, en un supuesto de pago de daños y perjuicios. Pero es tan impune que la otorga sin monto", afirmó Monteverde. Giros puntualiza que "la única prueba presentada por Jáuregui (que no es dueño de la tierra) para desalojar al tambero que cuenta con más de 20 años de posesión, fue un falso comodato. Fueron en vano nuestros esfuerzos por demostrar con prueba firme no sólo los años de posesión sino también el claro interés social y público que tiene el tambo. Nada sirve cuando existe una 'justicia' permeable a los intereses económicos y cuando las reglas no son las mismas para todos".

En ese sentido, y ya corriendo el plazo de 15 días dispuesto por la jueza, tras la notificación de las partes, Giros hace hincapié en la profundización del conflicto social que significa un desalojo violento, así como en "la violación del derecho a defensa de los 20 años del Tambo La Resistencia".

Desde Giros entienden que sólo con la salida política que significa la ley de expropiación "se podrá descomprimir la tensión en los territorios y abordar la cuestión de fondo que es, en definitiva, el modelo de ciudad que se impone. En Nuevo Alberdi se cristalizan los dos debates. O se desaloja una unidad productiva para entregárselo a los empresarios inmobiliarios, profundizando el modelo neoliberal que tiene las violentas consecuencias que estamos viendo. O se prioriza el interés público y social, la justicia verdadera y se apuesta a nuevos modelos de intervención estatal y no estatal en territorio".