El jefe de la bancada kirchnerista en la cámara de Diputados, el santafesino Agustín Rossi, aclaró ayer que los 400 millones en concepto de subsidios que el gobierno nacional resolvió distribuir sólo entre los dueños de colectivos de Capital Federal y Gran Buenos Aires "se debe a que el transporte (en esa zona del país) depende de la Nación y no de otra jurisdicción municipal o provincial". El legislador no descartó hacer gestiones para que lleguen recursos a la ciudad tendientes a financiar el aumento salarial del 20 por ciento que exigen los choferes. Al respecto, la secretaria de Servicios Públicos municipales, Clara García, reiteró que la Intendencia dialogará con la UTA sobre un posible nuevo incremento en los sueldos. En ese sentido la funcionaria dejó abierta la puerta para discutir el porcentaje efectivo a percibir por los conductores, montos que según el gremio ya fueron acordados en marzo. En el Concejo, oficialismo y oposición descartaron debatir en lo inmediato una nueva suba del boleto.

Ayer en declaraciones radiales Rossi explicó las razones por las cuales en el decreto Nº 678 publicado el viernes en el Boletín Oficial sólo se incluyó a la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Relacionó esa decisión con la competencias jurisdiccionales y llamó a la dirigencia provincial a sumar esfuerzos para conseguir recursos. Sobre ese punto recordó una reunión realizada en marzo en su despacho "con los diputados nacionales de todos los partidos, el intendente (Miguel Lifschitz) y los concejales. Allí hice una propuesta, me parecía que lo primero que teníamos que hacer en el marco de la provincia era unificar personería, hacer una propuesta única entre las municipalidades de Rosario y de Santa Fe, que son las más afectadas, y el gobierno provincial, y a partir de ahí empezar a trabajar en una modificación del sistema de subsidios para el transporte urbano de pasajeros".

El legislador se lamentó porque en los últimos meses no se pudo avanzar en la solución del problema, al indicar que "tuvimos una emergencia hace tres meses, y ahora estamos otra vez en emergencia. La pregunta es, ¿qué hicimos en estos tres meses? Porque sino siempre llegamos con la lengua afuera. Además, ¿por qué no tratamos de unificar en la provincia de Santa Fe un sistema de redistribución o de aumento en la generación de subsidios? Nosotros estamos dispuestos a trabajarlo".

En tanto, Clara García remarcó que el municipio agotará todas las instancias para evitar que el aumento salarial que reclaman los choferes -en realidad el 20 por ciento que resta sobre el 36 acordado- se traslade a los pasajeros vía suba del boleto. Al respecto la funcionaria recordó que el gobierno nacional fijó para las paritarias un tope del 19 por ciento en los aumentos salariales, razón por la cual no descartó rediscutir los montos con la Unión Tranviarios Automotor, si es que no llegan recursos desde la Casa Rosada para financiar la suba de sueldos.

Por su parte el diputado nacional Hugo Storero (UCR) recordó que en abril pasado presentó un proyecto para que el jefe de Gabinete proceda a reasignar fondos del presupuesto nacional para compensar mensualmente los mayores costos incurridos por las empresas de transporte. La iniciativa, explicó el legislador, "está destinada a modificar el criterio restrictivo de aplicación que beneficia a la región metropolitana de Buenos Aires, y propone extender los subsidios a todas las empresas de transporte público del país, pero no fue respaldado debidamente, ni por el gobierno santafesino, ni por sus propios legisladores".

"Si el justicialismo hubiera apoyado y sancionado nuestra iniciativa al aumento del costo del transporte no lo estarían pagando los usuarios. Esta situación de injusta distribución de subsidios al transporte otorgará ahora casi 400 millones más a Capital Federal y el conurbano bonaerense, mientras que en (la ciudad de) Santa Fe, se sube el precio del boleto", reflexionó el diputado radical.