El Concejo Municipal aprobó ayer la creación de una Comisión Investigadora por presuntas irregularidades en las concesiones municipales. El proyecto del concejal Jorge Boasso (UCR) fue acompañado por 13 ediles, mientras que los 8 concejales oficialistas presentes en el recinto se abstuvieron. Si bien el oficialismo aceptó con reparos integrar la comisión, defendió las atribuciones del municipio para otorgar las concesiones, además de reivindicar la actuación del Tribunal Municipal de Cuentas (TMC). La comisión, que estará integrada por un concejal por bloque, comenzará a funcionar dentro de 20 días. Según Boasso, la comisión tiene "amplia competencia para pedir informes a toda la estructura del municipio, a solicitar documentación, e incluso a tomar declaraciones a aquellos funcionarios cuando lo crea pertinente para aclarar aspectos relacionados con todas las concesiones de los espacios públicos de la Municipalidad".

Luego de tres horas de debate, se aprobó la creación de una Comisión Investigadora de las concesiones municipales. La iniciativa de Boasso fue acompañada por Roberto Sukerman y Norma López (FpV), Héctor Cavallero y María Fernanda Gigliani (PPS), Diego Giuliano y Osvaldo Miatello (Encuentro por Rosario), Alejandro Roselló, Roy López Molina, María Julia Bonifacio y Laura Weskamp (Pro), María Eugenia Schmuck (UCR) y Alberto Cortés (PSA-Proyecto Sur). Los ediles oficialistas Miguel Zamarini, Manuel Sciutto, Viviana Foresi y Pablo Colono (PS), Roberto Bruera y Aldo Poy (PDP), Daniela León (UCR) y Oscar Greppi (ARI-CC), se abstuvieron. El único ausente fue el concejal oficialista Gonzalo del Cerro (UCR).

Antes del comienzo de la sesión, Boasso explicó que cualquiera fuese el resultado de los dictámenes que emita la comisión, el cuerpo lo tiene que considerar y aprobar. "Puede ser de exculpación total y no comprobación de grandes irregularidades hasta la posibilidad de interponer denuncias de distintas características", planteó el edil, para luego asegurar que al tema "no hay que politizarlo, y esto se demuestra porque tienen participación todos los bloques del Concejo".

A la hora de la discusión, los ediles opositores consideraron que los dictámenes emitidos por el TMC, que motivaron el pedido de interpelación a la directora de Concesiones municipal, Hilda Gontín, señalaban una serie de irregularidades en 8 de las 32 concesiones municipales que ameritaban una investigación. Todos coincidieron en que las explicaciones brindadas en su momento por la funcionaria no fueron satisfactorias y quedaron muchas dudas. "Ninguno de nosotros quedó conforme", resumió López Molina.

Mientras Giuliano consideró que la creación de la comisión significaba "un verdadero avance", rescatando la función de contralor del Concejo "para encontrar espacios de transparencia institucional"; Cavallero aseguró que se trata de "un instrumento totalmente democrático". Cortés, en tanto, se refirió a la "conveniencia de crear una comisión sobre las concesiones del municipio a negocios que se hacen en espacios públicos". El edil recordó lo que ocurrió cuando se concesionó Puerto España en el 2004, y la posterior denuncia en la justicia que finalmente terminó con el despido de los dos responsables del área de Concesiones.

El oficialismo reivindicó la potestad del Departamento Ejecutivo para otorgar concesiones. "No es un capricho, es una atribución concedida", precisó Sciutto, quien tuvo varios cruces con Sukerman por el proyecto para licitar la Guardería Náutica Costa Central, que estaba suspendida por una serie de irregularidades. Según el titular del bloque socialista, "muchos de los planteos por irregularidades en las concesiones no son ciertas". Greppi, en tanto, reivindicó la actuación del TMC, y pidió que se trate el proyecto de León, que aún no tuvo despacho de comisión, para solicitar un nuevo informe al TMC.

En este marco, López y Sukerman presentaron un proyecto para la regulación de espacio público en su modalidad de obra pública con explotación comercial o explotación comercial de obra existente, que establece la obligatoriedad de que se envíen al Concejo los pliegos de licitación de concesiones. Los ediles consideran que es "necesario contar con mecanismos claros y objetivos para la administración, mantenimiento, explotación y uso de espacios públicos, de modo que no quede al arbitrio del concesionario o del funcionario público interviniente de turno".

Además, el cuerpo aprobó un proyecto de decreto por el cual el Ejecutivo deberá informar al Concejo, antes del 31 de mayo, el listado de concesiones de obra pública y de explotación en espacios públicos del municipio vigentes a la fecha, y el vencimiento de cada contrato, las condiciones contractuales en las que se encuentran actualmente cada una de ellas.