El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Boix, y otros dos miembros de la comisión directiva, recibieron falta de mérito en la causa penal por administración fraudulenta que denunció una fracción opositora a la conducción, en 2010. Según la presentación iniciada por un grupo de afiliados que Boix calificó como opositores, se habían detectado irregularidades administrativas que involucraban sumas de entre seis y siete millones de pesos. Ese monto debía destinarse a capacitación y cursos para afiliados y se desviaron a otros fines. Sin embargo, la Justicia no acreditó "la concurrencia de una actividad dolosa". Aunque sí pudo determinarse que parte de los fondos recaudados recibió un destino que "aparentemente diferiría" de los señalados, puesto que "se habría destinado a la adquisición de un inmueble". Sin embargo, la justicia consideró que ese cambio de destino para el dinero del sindicato "no permite concluir que se busque causar un daño patrimonial ni obtener beneficio económico indebido".

Boix, Ricardo Vidal (tesorero gremial) y Eduardo Armichardi (administrativo) adjudicaron las acusaciones llevadas a la justicia a una "operación política" en su contra, de parte de miembros "disidentes" de la conducción sindical; a las que en su momento se sumaron los titulares de licencias agrupados en la Cámara de Titulares, Catiltar.

Aunque las denuncias públicas comenzaron en febrero de 2010, nueve afiliados presentaron la denuncia penal el 28 de abril, por entender que Boix y los otros dos dirigentes habían incurrido en incumplimiento de los artículos 36 y 37 de la convención colectiva de trabajo que establece destinar el fondo para capacitación profesional; además de ser destinadas a cuestiones sociales, culturales, turísticas, becas y ayuda escolar para los hijos de los trabajadores.

Antes de iniciar la denuncia penal, algunos de los denunciantes presentaron amparos ante la Justicia Laboral, en los que denuncian haber sido separados de la conducción sindical de los peones de taxis, luego de haber detectado una serie de irregularidades en el gremio.

Ahora, el juzgado de Instrucción Nº 5, a cargo de María Luisa Pérez Vara, consideró que no existe una modalidad "culposa" en la administración de los fondos. Sin embargo, planteó que los "eventuales errores" en la administración llevada adelante por Boix y su comisión directiva "pueden ser pasibles de sanciones de índole civil, administrativa, gremial"; y que deben canalizarse por los medios legales correspondientes.