La jueza Mónica Lamperti procesó al martillero Oscar Kovalevski, y al suspendido secretario del juzgado Civil y Comercial Nº 17, Ricardo Lavaca, por asociación ilícita, estafa reiterada y falsedad de documento público. En el caso del rematador, se agrega el carácter de "organizador" de las maniobras. Según pudo saber este diario, la magistrada no se expidió sobre la situación procesal del juez suspendido, Alejandro Martín --que tiene fueros--, pero sí agregó como elemento para el jury en trámite las responsabilidades probadas en su investigación. En la resolución, además, se dictó falta de mérito para el empleado bancario acusado de suministrar la información sobre las cuentas inmovilizadas del Banco Municipal; y del abogado Martín Sugasti, quien cobró un oficio sólo "de favor". Luciano García Montaño y Jorge Heter, los dos letrados que confesaron el ardid y acusaron a Kovalevski como el promotor del delito, tramitan un juicio abreviado.

Cerca de las 13 de ayer, algunos defensores comenzaron a llegar a notificarse del fallo al Juzgado de Instrucción Nº 12. Según indicó Froilán Ravena, abogado de Kovalevski, tras leer el contenido de la resolución, apelaron el procesamiento de su cliente.

También irá a la Cámara Penal el rechazo a la nulidad de las declaraciones de García Montaño y Heter, que habían pedido los defensores la semana pasada. "El martillero está preso sólo por los dichos de estos coimputados", plantearon los abogados del martillero. Además, esperan que la jueza resuelva un pedido de prisión domiciliaria para el único detenido en la causa que investiga el desvío de fondos judiciales del Banco Municipal con oficios del juzgado Civil y Comercial 17º, que hasta octubre estuvo a cargo de Martín.

El empleado bancario fue citado por la jueza semanas atrás, luego que Heter y García Montaño acusaran al martillero como el organizador de la asociación ilícita, de la que eran partícipes. En esos dichos señalaron que el rematador tenía un contacto en el Banco Municipal, donde desde 2010 residen las cuentas judiciales, y apuntaron que había un "arreglo" con el juez Martín para que los oficios por falsos embargos fueran firmados por él y su secretario; y luego cobrados a nombre de Kovalevski, García Montaño o Heter. Los "confesos" dijeron que ellos se quedaban sólo con el 12 por ciento de cada suma.

Sin embargo, los testimoniales de empleados de la entidad dieron cuenta de que el bancario acusado no era el único que tenía acceso a las cuentas inmovilizadas, sino que "todo el personal" podía hacerlo. El abogado del empelado, José Alcácer, confirmó que su defendido obtuvo la falta de mérito. La fiscalía apelará esa decisión.

En tanto, el coimputado Sugasti, que sólo cobró un oficio a pedido de García Montaño, también recibió falta de mérito.

Por su parte, Heter y García Montaño tienen en trámite un juicio abreviado por dos causas conexas: la de Civil 17º y otra de Civil 1º. Ahora, la jueza Lamperti le dio trámite al juicio breve, y el caso llegará a un juzgado de sentencia.

El caso del juez suspendido es diferente: como tiene fueros, la Justicia debe esperar a que avance el jury de enjuiciamiento para desaforarlo.

Mediante embargos, los letrados y el martillero retiraron dinero de cuentas inmovilizada, entre 2010 y 2012. En el expediente hay pruebas sobre las responsabilidades; incluso, una pericia caligráfica que confirmó que las firmas en los oficios pertenecen al suspendido juez Martín, y al secretario Lavaca, ahora procesado.

Lamperti mantuvo la prisión preventiva para Kovalevski, pero sus abogados esperan la resolución de dos incidentes para que no siga preso: la apelación sobre la libertad denegada; y un pedido de prisión domiciliaria.

Según la denuncia del Banco Municipal, que ingresó a la Corte Suprema de Justicia santafesina en octubre pasado, se cobraron un millón 50 mil pesos, a partir de 57 oficios provenientes del Civil 17º. Cuando la entidad hizo la presentación, se registraron devoluciones a las cuentas, por alrededor de 500 mil pesos.