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Entre navidad y año nuevo del 2012, el Senado decidió sesionar "nada más" que para aprobar la ley que suspendía los desalojos rurales en toda la provincia, una norma fundamental para el flagelo que sufren los pequeños y humildes productores del norte santafesino. Transcurrieron casi seis meses desde la sanción y el Ejecutivo aún no la reglamentó. Por eso, no está en vigencia. La diputada, y autora del proyecto, Susana García pidió la aplicación "urgente" y advirtió: "Vamos a tener una muerte". Desde el Movimiento Evita, que también trabajó el tema, se sumaron al pedido de la legisladora de la Coalición Cívica. "No nos ha llegado ninguna explicación, la única que encuentro es que puede haber algún tipo de lobby, porque urge que se reglamente", apuntó el diputado Eduardo Toniolli (foto).

El 1° de mayo, en ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Antonio Bonfatti mencionó y destacó tres acciones legislativas, según recordó García: el proyecto de ley de uso del suelo, la iniciativa para la creación de Santa Fe Gas y Energías Renovables y la ley que establecía la suspensión de los desalojos en zonas rurales. El mandatario se apoyaba en la rapidez del proceso de puesta en marcha de la ley, ya que el 14 de enero de este año decidió promulgar la norma y comunicarlo a través del Boletín Oficial, para luego derivarla al Ministerio de Producción a fin de su aplicación. Pero desde esa fecha no hubo avances y no se reglamentó la norma.

"Estoy sorprendida", reconoció García, y dijo que prestó su colaboración para la puesta en marcha: "Se encontraban con algunas dificultades y una asesora mía, la autora casi intelectual mandó una serie de indicaciones que se tengan en cuenta. Pero pasó el tiempo y no ha sucedido". La diputada que integra el Frente Progresista Cívico y Social tomó contacto con compañeros de bloque, el vicegobernador Jorge Henn y el ministro de Justicia Juan Lewis. A todos les pidió "que salga urgente". "En diciembre le dije a (el ministro de Seguridad, Raúl) Lamberto que vamos a tener una muerte como está sucediendo en Santiago del Estero. Estamos ahí nomás. Nos va a pasar lo mismo, los productores se armaron", alertó la legisladora.

Toniolli adhiere y cuenta las "consultas cotidianas" que recibe de sus compañeros del Movimiento Evita que habitan el norte de la provincia, que "son los que más están sufriendo". Las áreas rurales de los departamentos Vera y 9 de Julio tienen las condiciones para la sangría especulativa, que "genera un perjuicio enorme para los más débiles". Los productores rurales habitan las tierras desde hace casi medio siglo, con el único objetivo de producir para subsistir. Pero visibles "rasgos de connivencia" entre la justicia, la policía y el poder político son el método habitual para desalojarlos. "Se aprovechan de gente desinformada, mal asesorada, gente que no sabe leer y escribir, les hacen firmar cosas, los engañan", describió García. "Con operativa fraudulenta, complicidad de sectores de la justicia, todo tipo de ilegalidades. Los productores siguen en estado de alerta, están resistiendo. Pero la amenaza es latente", aportó por su parte el diputado peronista.

En los últimos días, el secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero, Roberto Tion, confirmó que el Ministerio de la Producción ya recibió cinco pedidos de productores que podrían ser protegidos por la ley. No obstante, en declaraciones a LT9 de Santa Fe, admitió que "pasó mucho tiempo desde la aprobación".