El concejal Roy López Molina (Pro), titular de la Comisión Investigadora de las 32 concesiones municipales en el Concejo Municipal, convocó mañana a una reunión para analizar el expediente relacionado con la concesión del International Park, lugar en el que fallecieron dos nenas el pasado sábado al desprenderse una taza del juego la Vuelta al Mundo. El concejal, quien ayer aclaró que el expediente fue uno de los que la Municipalidad envió en su oportunidad al Palacio Vasallo, consideró que "no hay ningún vacío legal en la ordenanza, el control de policía que tiene que ejercer el Departamento Ejecutivo no nace de ninguna ordenanza, es su propia función". Por su parte, el concejal Jorge Boasso (UCR) presentó un proyecto de decreto para que el municipio informe las inspecciones realizadas en el parque de diversiones desde el inicio de la concesión. La concejala María Eugenia Schmuck (UCR) pidió que funcionarios municipales concurran a la Comisión de Gobierno.

Mientras la justicia continúa con la investigación del accidente del pasado sábado (ver aparte), los ediles que integran la Comisión Investigadora de concesiones municipales evaluarán mañana el expediente relacionado con la concesión de los juegos en el parque de la Independencia. Según López Molina, el expediente no tenía, en principio, mayores objeciones, porque el foco estaba puesto en otros que ya venían con cuestionamientos.

"Con lo que sucedió, naturalmente ese expediente pasa a ser uno de los más importantes de la Comisión Investigadora", indicó el edil macrista, para quien "no hay ninguna duda de que la Municipalidad, de manera directa o indirecta, en ningún caso se puede desentender del control". López Molina agregó que la ordenanza es, en algunos aspectos, muy abarcativa, y que en ese sentido "ha sido cuestionada y necesita reformas, pero el control que tiene que ejercer el Ejecutivo no nace de una ordenanza".

La Ordenanza de Espectáculos Públicos establece en el artículo referido al parque de diversiones, que deberán contar con un profesional encargado del mantenimiento y seguridad de los juegos instalados, quien deberá presentar semestralmente una memoria descriptiva sobre el funcionamiento general y de cada juego en particular. Boasso consideró que es "un deber indelegable del Estado la fiscalización e inspección de las concesiones municipales, a los fines de proteger la vida y los intereses de los rosarinos".

El proyecto de decreto pide un informe de las inspecciones realizadas por el Departamento Ejecutivo en el International Park, desde el inicio de la concesión hasta la fecha. Además, requiere el resultado de las inspecciones, si se detectaron irregularidades, sanciones, en el caso de que se hayan aplicado, así como los nombres y apellidos de los inspectores intervinientes. Sobre los procedimientos, el edil radical solicita que se detalle el protocolo de actuación seguido por las reparticiones municipales correspondientes para verificar el estado de los sistemas mecánicos y los materiales componentes de los mismos.

Además, encomienda al Departamento Ejecutivo para que remita al Concejo Municipal copia de todos las actas celebradas en ocasión de las inspecciones realizadas y las acciones realizadas en consecuencia, de toda la documentación presentada por el concesionario a los fines de su debida autorización para el funcionamiento de los juegos.

El edil radical también solicitó una copia de los informes técnicos, memoria descriptiva y registros de mantenimiento que el concesionario hubiere realizado a cargo del profesional encargado de ello.

Schmuck pidió que el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, la directora de Concesiones, Hilda Gontín, y el director de Inspecciones, Gregorio Ramírez, concurran a la Comisión de Gobierno. "Entiendo que algunas declaraciones apresuradas de funcionarios buscan deslindar responsabilidades, cuando en realidad debemos, de manera prudente, indagar no sólo que pasó en el Parque, sino las responsabilidades concretas evitando cortar el hilo por lo más delgado. Además en sus primeras pericias la justicia detectó fallas importantes, por lo que entiendo que habrá que esperar el informe final", indicó la edila radical.

El concejal Héctor Cavallero (PPS) explicó que la concesión fue otorgada por un decreto del intendente Hermes Binner en 2002. El contrato se firmó el 21 de mayo del 2003 por 15 años con opción a tres años más. "Nunca especulamos con las tragedias, pero es claro que la concesión es municipal", afirmó el ex intendente.