La secretaria de Hacienda municipal, Verónica Irízar, refutó ayer las denuncias de los concejales Norma López y Roberto Sukerman (FpV), quienes a partir de un dictamen del Tribunal Municipal de Cuentas (TMC) señalaron que la intendencia cometió "graves irregularidades" en compras y contrataciones directas durante el año pasado. Al refirirse a las observaciones del TMC en comunicaciones móviles, un contrato de seguridad privada en el Distrito Suroeste, una contratación directa de una empresa de limpieza en Distrito Norte y el alquiler de un inmueble en el Distrito Oeste, Irízar aclaró que "en ningún caso hubo perjuicio económico para el municipio". Y fue más allá al señalar que "siempre se contrató por valores menores que las licitaciones que se adjudicaron posteriormente". En relación a las críticas de los ediles kirchneristas, quienes plantearon que estas compras implican "el establecimiento de la más absoluta discrecionalidad", la funcionaria dijo que ante estos imprevistos "la prioridad es resolver los problemas de los vecinos de la ciudad".

En declaraciones al programa "Los días contados" de Canal 5, la secretaria de Hacienda explicó cuáles fueron las circunstancias que se dieron en los casos observados por el TMC, y que motivaron las denuncias de los concejales del Frente para la Victoria. "El dictamen del Tribunal habla de observaciones y recomendaciones. Analizan cientos de contrataciones y sólo hacen cuatro observaciones a la secretaría General", explicó Irízar.

Respecto a la contratación de telefonía, indicó que se trató de "una licitación que se hace en 2005 y entra en vigencia un año después y se prorroga porque fracasa, en el medio, una licitación". Recordó que en ese momento había un cambio tecnológico, se pasó de comunicaciones por handy a celular. "Lo que no dicen los concejales es que en ningún caso hubo perjuicio económico para el municipio, se pagó el mismo valor desde el 2005 hasta 2012, con el mismo proveedor pero al mismo valor en un contexto inflacionario", precisó.

"Imagínese la acriticidad de ese servicio para el SIES, para las áreas de control, imaginemos ante una tragedia como la de calle Salta", planteó la funcionaria, para luego explicar que se realizó un proceso licitatorio en el cual "se adjudica a la misma empresa y hubo competencia y una búsqueda de ofertas, que es lo que hacemos desde el Ejecutivo".

Sobre la empresa de limpieza, Irízar dijo que comenzaron con un proceso licitatorio "seis meses antes de que termine la contratación vigente. Lamentablemente no hay ofertas y se demora la apertura de la licitación buscando oferentes. En el mismo caso que el anterior no hay perjuicio económico porque la contratación directa es por un valor menor que la licitación que después se termina adjudicando".

Al explicar el caso de la seguridad en el Distrito Suroeste, que según la funcionaria es el más llamativo, allí hubo "un abandono de servicio por parte de la empresa que lo estaba prestando y no se puede dejar sin seguridad el patrimonio público, los empleados que trabajan ahí, los vecinos que van a realizar trámites. Entonces se hace un concurso entre tres empresas de manera urgente y se resuelve".

Consultada por el alquiler del inmueble donde funciona el Area de Servicios Urbanos, Irízar indicó que en una licitación privada de 2010 se pagaban 8.200 pesos mensuales. "Tras un bache de tres meses se realizó un concurso de precios y se pagaron 11.500 pesos mensuales de alquiler. Cuando venció, se llamó a licitación pública y actualmente se pagan 14 mil pesos mensuales", concluyó.