El gasista que trabajó en Salta 2141, dos semanas antes de la tragedia, fue indagado ayer por la jueza Irma Bilotta y aseguró que la reparación que hizo sobre la instalación de gas "no fue precaria". Además, reconoció que manipuló la válvula. Aunque respondió a todas las preguntas y colaboró con la investigación, José Luis A. se sumó a la lista de imputados que tiene la causa por estrago culposo agravado. Además, la Justicia allanó ayer por cuarta vez oficinas de Litoral Gas, en busca de material que dé cuenta de cuáles son las prácticas de la empresa tras la explosión en el edificio de Salta y Oroño. En tanto, el martes se realizará la primera audiencia de querellantes, sobre tres solicitantes; y se viene una serie de indagatorias a personal de Litoral Gas, para comenzar a esclarecer los procedimientos de la empresa.

El gasista matriculado desde 2006 reconoció ayer, frente a la

magistrada, que tras ser convocado para reparar un problema de presión en el edificio, el 26 de julio, abrió la válvula de servicio de la vía pública ﷓aunque Litoral Gas la había cerrado﷓ para poder detectar dónde estaba la pérdida y repararla. La fiscal Graciela Argüelles se manifestó "sorprendida", pero el gasista dijo que no tenía conocimiento de que sólo podía tocarla personal de la empresa. Sin embargo, el gas fue habilitado nuevamente por la distribuidora cuando el gasista terminó su trabajo, el 27 de julio. Días después surgió la recomendación de que debía cambiarse el regulador, para lo que fue contratado Carlos García.

La acusación contra el trabajador tiene que ver con una intervención que en su momento se dio a entender como precaria o deficiente; ya que al no encontrar en el mercado un caño con medidas específicas para trabajar en el cambio de los niples (caños con rosca) y el codo de la instalación, "adaptó otra medida" y la ensambló al sistema. El acusado aclaró que eso no hacía a una reparación precaria.

Al finalizar el trabajo, el operario se comunicó con el 0800 de Litoral Gas para que un inspector fuera a rehabilitar el servicio y a controlar la tarea. Desde la empresa llegaron horas después, se reunieron con el plomero, supervisaron los arreglos y nuevamente hubo gas en el edificio. Sin embargo, las sospechas apuntan a que habría existido un incumplimiento en el proceder sobre lo que expresa la normativa vigente.

Frente a ello, y luego del trabajo del gasista imputado desde el primer día, Carlos García, la pericia técnica sobre los materiales arrojará más luz sobre las actuaciones de los distintos involucrados. Justamente, lo que se intenta determinar es qué parte de la cadena de manipulación de la instalación de gas influyó para que se diera la fuga y posterior explosión.

Por otro lado, el procedimiento de ayer, en la oficina técnica de Ayacucho y 24 de Septiembre, tuvo que ver con la búsqueda de elementos que permitan saber a los investigadores cuál es la conducta de la empresa después del 6 de agosto y durante ese primer mes según los reclamos que se presentaron. Es decir, se tratará de establecer de qué manera actúa la empresa en los edificios con problemas similares al que tuvo el de Salta 2141, y que provocó una explosión con 22 víctimas fatales, mientras la normativa sigue siendo la misma.

En tanto, luego de haber escuchado a varios actores, la fiscal Graciela Argüelles considera que hay datos que quedan por aclarar en los diferentes testimonios. Frente a ello, la semana que viene comenzará una serie de indagatorias a personal de la compañía distribuidora del servicio, que fueron decretadas por la jueza.

El proceder de los empleados de Litoral Gas tuvo una serie de cuestionamientos desde el Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), que dio cuenta de casi una decena de imputaciones a la empresa y también informó al juzgado sobre más de veinte sanciones por no cumplir con la normativa vigente.

Además de los gasistas, en el expediente figuran como imputados los tres responsables de la administración Calvillo Propiedades; y la semana que viene podría engrosarse la lista.