El juez de Familia de San Lorenzo Marcelo Scola pidió "en varias oportunidades" la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos provincial de zona sur por "conductas omisivas" de la Delegada de Niñez en San Lorenzo, Adriana Núñez. La última vez --que motivó un dictamen de la Secretaría-- fue por la falta de respuesta de la funcionaria ante una situación urgente que afectaba a dos niños residentes en Timbúes. Desde el juzgado la llamaron el 7 de octubre y la funcionaria respondió que no se encontraba en horario laboral, "atento estar comprendida por el feriado en la ciudad de Rosario". Desde la justicia --adonde había recurrido la tía de los niños-- solicitaban que la Dirección de Niñez tomara una medida excepcional, en el marco de la ley 12.967. "Nosotros hemos hechos notificaciones de cuestiones en las que hemos debido tomar medidas que le correspondían a la Dirección de Niñez por falta de respuestas, lo hemos notificado a la Secretaría de Derechos Humanos en varias ocasiones", afirmó el magistrado y fue más allá: "Muchas veces notamos que la Dirección de Niñez es contra quien tenemos que litigar nosotros, porque no garantiza las medidas".

Consultado el Director de Niñez, Lautaro D'Anna, afirmó que se está analizando, "no sólo el oficio en particular que elevó el Juzgado, sino también el contexto de la Delegación".

La actitud de Scola tiene varios motivos. "Ante cada dificultad, nosotros le damos intervención a la Secretaría de Derechos Humanos para ver si podemos pedir la modificación de la ley de infancia", dijo el juez de Familia de San Lorenzo, puesto en funciones en febrero del año pasado. "Nosotros tenemos urgencias y tenemos prioridades. La Prioridad es el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que la Dirección no garantiza. Hace falta cambiar la cabeza de todos los actores involucrados. Y en la práctica, la Dirección termina siendo un boomerang", dijo el juez sobre las dificultades que encuentran para la aplicación de la ley que protege los derechos de la infancia.

"El director de Niñez, Lautaro D'Anna, está anoticiado y prometió tomar medidas", afirmó Scola, quien abundó sobre las trabas que sufre en el contacto con la autoridad de aplicación de las medidas extraordinarias de protección a niños, niñas y adolescentes. "El problema es la morosidad en tomar resoluciones que les corresponden y estamos realizando tareas que tendrían que hacer ellos por falta de respuesta y ante la falta de respuesta", agregó.

En el caso que fue motivo del último dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, la situación se tornó desesperante. Se trata de dos niños cuyo papá estaba detenido y su mamá no se había hecho cargo. La tía paterna, de nombre Graciela, inició los trámites de la guarda con fines de crianza. Pero el 13 de junio pasado fue al juzgado a decir que no desistía de la guarda, por razones materiales, afectivas, y por las amenazas que había recibido de "la concubina" de su hermano. Así, la mujer solicitó que los chicos fueran derivados a una institución, opción contemplada como última y provisoria por la ley. El juzgado le pidió a Adriana Núñez que adoptara las medidas correspondientes.

Días después, supieron que el papá de los chicos no volvió de una salida transitoria a la cárcel y tenía pedido de captura. Un informe del equipo interdisciplinario de la comuna de Timbúes --donde viven los niños-- informó que "las medidas de protección se encuentran agotadas, considerando que existen serios riesgos con relación a la integridad física y psíquica" de los nenes. Por eso, el equipo "reitera con urgencia la toma de la medida excepcional dentro de las 24 horas, tal cual lo indica la Ley Provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 58 bis". Esta comunicación urgente data del 30 de agosto.

Nada de eso ocurrió, porque el 7 de octubre, Graciela fue al Tribunal con sus sobrinos. Contó que había recibido amenazas telefónicas del hermano --papá de los nenes-- y también amenazó de muerte al marido de Graciela, reclamándole la entrega de los niños. La mujer temía por ella, su marido y también --especialmente-- por los chicos, ya que el padre los maltrataba cuando vivían con él. El juez Scola vuelve a dar intervención urgente a la Diercción de Niñez para que "adopte las medidas que correspondan en resguardo de los niños". La comunicación telefónica tuvo la inesperada respuesta de Núñez, quien argumentó que no trabajaba porque era feriado en Rosario (pero no en San Lorenzo). Además, desestimó la urgencia porque "la amenaza no es actual sino que viene sucediendo hace tiempo y hasta ahora no ha sucedido nada". La propia Núñez derivó al juez para hablar con la guardia de la Dirección, "a fin de que ellos resuelvan lo que consideren conveniente". La profesional de la Guardia de Niñez responde al juzgado que "dicha Area resolvió no adoptar ninguna medida excepcional en relación a los menores", debido al pedido de captura sobre el padre (que de todos modos estaba libre). La cuestión es enrevesada, pero lo concreto es que había dos niños pequeños esperando alguna solución: su tía no quería tenerlos, y temía por la vida de ellos, y no tenían ningún lugar alternativo para vivir.

Tras la denuncia, la Secretaría de Derechos Humanos envió una nota al subsecretario provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Cristian Allende, para que haga su descargo, pero eso nunca ocurrió. Por eso, el dictamen de Derechos Humanos recomendó que "sea investigada la conducta llevada adelante por la delegada en la ciudad de San Lorenzo".

Scola fue claro. "Tenemos la palabra del licenciado D'Anna de que va a tomar medidas. Nos lo dijo a mí y a la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, Analía Colombo, en una reunión que tuvimos hace 15 días", dijo el viernes pasado. D'Anna confirmó que "esa reunión fue importante para desplegar algunas estrategias".