Organismos de derechos humanos y abogadas querellantes en juicios por terrorismo de estado fueron recibidos ayer por un grupo de diputados provinciales encabezados por Luis Rubeo, a quienes le plantearon la necesidad de terminar con la detención de represores en la Alcaidía de Jefatura rosarina. Lo hicieron pensando en el "peligro de fuga" y en los privilegios de los que gozan en ese predio. "El jueves, Diputados va a pedir al Ejecutivo que adecue la legislación y Santa Fe se convierta en una provincia que aloje detenidos por delitos de lesa humanidad solo en cárceles comunes", explicó la abogada Gabriela Durruty.

A pedido de los legisladores, el fiscal federal Gonzalo Stara presentó acercó una lista de los detenidos en la Alcaidía de la Unidad Regional II:

* Gianola, Héctor Oscar, a disposición del juzgado federal N 4 en la causa Videla N 130/04, ex Feced.

* Ibarra, Ramón Telmo Alcídes a disposición del mismo juzgado por la misma causa.

* Isach Rodolfo Daniel, a disposición del Tribunal Oral Federal N 1 en la causa Guerrieri N 367/03 y acumuladas que fue elevada parcialmente y conocida como Guerrieri III.

* Langlois, René Juan a disposición del juzgado federal N4 por la causa Klotzman N 21/06.

* Nast, Julio César, a disposición del Tribunal Oral Federal N 2, conocida como causa Feced II.

* Sfulcini, Carlos a disposición del Juzgado federal N 1 por la causa onocida como Guerrieri II.

* Vallejo, Ernesto a disposición del juzgado federal N 4 por la causa Videla N 130/04.

"Alcaidía no reúne las condiciones para que esté detenido nadie, menos aún represores" apuntó el diputado kirchnerista Eduardo Toniolli. Su colega Rubeo resumió la respuesta legislativa: "Los represores deben estar en cárceles comunes y eso es lo que le vamos a pedir al Ejecutivo provincial".

Durruty explicó a Rosario/12 que julio pasado pidieron al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, que revea la situación de los detenidos por delitos de lesa humanidad en la Alcaidía. "Pero como no tuvimos aún respuesta, pedimos la intervención de la Cámara de Diputados a través de la comisión de Derechos y Garantías, la Nación ya hizo lo propio y dictó normativa, esperamos que lo haga la provincia", remarcó la letrada.

El pedido está orientado a garantizar que los presos no se fuguen, como ha ocurrido en algunos casos en los últimos tiempos en Argentina. "Un peligro es que se fuguen, pero también hay que tener en cuenta que están hoy en un penal donde gozan de privilegios, porque uno de los imputados por terrorismo de estado abrió desde su lugar de detención un portal en Facebook desde donde amenazaba a distintos actores del juicio". dijo Durruty.

La abogada remarcó que "como están cerca las fiestas y también esto pesa en el ánimo de los detenidos al momento de evaluar su fuga, pensamos que su traslado debería ser inminente para evitar este peligro".

Norma Ríos, de la APDH, remarcó la necesidad de una cárcel común, pero además agregó otro punto: "Hace mas de treinta años reclamando justicia, y ahora tenemos que soportar que después de una condena, tenemos que esperar tres años para que Casación confirme una condena, y que por ejemplo Juan Daniel Amelong tenga el título de abogado, José Scortecchini dé clases de vuelo, y otros cosas. Es una tomada de pelo".

Estuvieron presentes también los concejales Norma López y Roberto Sukerman (FPV) y los diputados José Tessa y Oscar Urruty.