Luego de que se conociera que la cuestionada jueza María Luisa Pérez Vara había presentado su renuncia ante el gobernador Antonio Bonfatti -aceptada el 30 de diciembre pasado﷓, algunas voces se preguntaban por qué no lo había hecho ante el Poder Judicial. Según pudo reconstruir Rosario/12, la renuncia de la magistrada --con sumarios administrativos en trámite--, fue presentada a la Corte Suprema de Justicia el 22 de noviembre pasado. Sin embargo, el cargo de los jueces es decisión de un acuerdo en la Legislatura y, tal como lo indica la Constitución provincial, el gobernador es el "jefe superior de la Administración Pública", por lo que el 27 de diciembre pasado Pérez Vara hizo la presentación ante Bonfatti, quien por decreto la aceptó un día después del asesinato de Luis Medina, cuando la magistrada en cuestión estaba de turno y nunca se hizo cargo de la investigación, al reportarse enferma. Ahora, el poder político y el judicial evalúan si el jury es aplicable a una jueza técnicamente jubilada, tras la dimisión en el cargo.

La situación en torno a la causa por el doble homicidio del 29 de diciembre pasado (junto a Medina falleció su pareja Justina Pérez Castelli) hizo ruido en las esferas judiciales cuando Pérez Vara no atendía el teléfono del turno; pero había que resolver rápidamente quién se hacía cargo. Por eso, la Cámara Penal dio intervención por pocas horas a la jueza que la sigue en la instrucción, Raquel Cosgaya, para luego entregarle la causa a Alejandra Rodenas.

Según indicaron ayer altas fuentes judiciales, el procedimiento de presentación de la renuncia de Pérez Vara --ya se había adelantado que se jubilaría apenas entraba en vigencia el nuevo sistema penal﷓ siguió los pasos "normales". En tanto, frente a la aceptación de la dimisión por parte del gobernador, los sumarios administrativos en trámite en la Corte quedarían sin vigencia, porque al no estar más en el cargo, la eventual sanción no sería aplicable.

Algo similar sucede con el pretendido jury. Ayer, el procurador Jorge Barraguirre consideró que Pérez Vara, aunque haya presentado su renuncia, podría ser sancionada por no presentarse en el lugar del crimen. "Es una situación inexplicable. Vamos a investigar esa particular situación porque creemos que está más allá de lo opinable", dijo a LT2. En tanto, el gobernador también opinó que le corresponde el enjuiciamiento.

Mientras los diputados se preparaban ayer para la reunión convocada por el presidente de la Comisión de Seguridad, Héctor Acuña (ver aparte), para debatir sobre los confusos episodios en torno al homicidio de Medina (la pericia de la computadora Mac derivada a funcionarios políticos, y el intento de allanamiento de tres policías de una división no autorizada por la Justicia a la casa que Medina habitaba en el country de Pilar), la legisladora de Unión Pro, Alejandra Vucasovich dijo a LT8 que le "llamó la atención" que la renuncia fuera presentada al Poder Ejecutivo y no al Judicial. "Una jueza depende del Poder Judicial, renuncia ante la Cámara de Apelaciones o ante la Corte Suprema. Debe pasar por esas dos instancias superiores directas. Es la primera vez que escucho que un gobernador acepta la renuncia de un juez", expresó.

Más tarde, altas fuentes judiciales confirmaron a este diario que la presentación llegó a la Corte el 22 de noviembre pasado, para hacerse efectiva desde el 1 de marzo. Sin embargo, la acumulación de una licencia le permite a la cuestionada magistrada no regresar a su despacho de Balcarce 1600, porque estaría cubierta por el mes que le quedaba de trabajo, tras la feria judicial en curso.

Vucasovich promovió un jury de enjuiciamiento, luego de que el procurador manifestara su voluntad de pedir una investigación sobre el accionar de la jueza en la causa Medina. Lo cierto es que la aceptación de la renuncia de la jueza, por parte del gobernador, dificultaría una eventual aplicación sancionatoria, frente a los plazos necesarios para la investigación y el poco tiempo que le queda a la magistrada como tal. "Estamos terminando de redactar el pedido de jury. Nos llama la atención que ahora aparezca una renuncia con fecha 27 de diciembre y la aceptación del gobernador con fecha 30. Hay situaciones que no están claras. Estando en ejercicio de sus funciones, más allá de haber presentado la renuncia, le caben las responsabilidades del caso. Estamos analizando qué medida corresponde". La diputada oficialista Alicia Gutiérrez se sumó a la polémica, y consideró que el asunto merece investigación.