A horas de terminar el turno de la primera quincena de enero, la jueza Alejandra Rodenas hizo un balance de la investigación por el homicidio de Luis Medina y Justina Pérez Castelli. Lo consideró "positivo" porque "más allá de los actos fallidos al inicio de la pesquisa, las pruebas se preservaron". Al mismo tiempo, habló de "tres hipótesis interesantes" en el marco de la causa por el hecho cometido el 29 de diciembre, en el acceso sur y Ayolas, pero no dio precisiones. Se refirió a los "actos fallidos" con la "inusual" situación con la computadora Mac de Medina, y a las "excusas" de tres agentes de la División Judiciales que intentaron ingresar al country de Pilar, donde vivían las víctimas, sin orden judicial y un día antes del allanamiento previsto. También confirmó que el jefe de esos agentes, Cristian Romero, está citado a declaración informativa para el 6 de febrero. "Me llamó la atención que no se presentara espontáneamente", deslizó. A modo de reflexión, dijo que "la narcocriminalidad configura un nuevo paradigma; y los poderes judicial, político y legislativo requieren de nuevas herramientas ante el fenómeno".

La jueza de Instrucción Nº 2 se tomó unos minutos antes de referirse a la causa, y habló del fenómeno de la narcocriminalidad en Rosario. "El Poder Judicial se está enfrentado a la complejidad de una investigación interceptada por otras matrices que son diferentes a las que veníamos trabajando, durante estos años. Esto nos pone frente a un nuevo paradigma, un nuevo modelo de investigación y a un modelo social que de alguna manera se nos está imponiendo. Este nuevo paradigma es el de los crímenes en el marco de la llamada narcocriminalidad", reflexionó. "Los jueces y los fiscales de la provincia investigamos los homicidios, que son nuestra competencia; todo aquello que tenga que ver con la narcocriminalidad es competencia de la Justicia Federal. Pero lamentablemente, esto hace que el fenómeno se complejice. La narcocriminalidad invadió la competencia de los juzgados provinciales. Yo creo que, como ya dije, esto llegó para quedarse. Aun estando frente a este fenómeno que atraviesa la sociedad, la conmueve y la preocupa, esto no debe hacernos olvidar de las garantías del debido proceso. La demanda social se lee". En otro tramo, agregó que "el poder político tomó medidas que consideró adecuadas y no soy quién para establecer si lo son o no".

Al hablar de la investigación en la que está trabajando sin descanso, a igual que con la decena de homicidios que hubo durante el turno de la primera quincena de enero, Rodenas prefirió no dar precisiones sobre las líneas de investigación y se limitó a decir que existen "tres hipótesis interesantes" sobre presuntos autores materiales o intelectuales. Y agregó: "Se dice que Medina era parte de una organización criminal, y hay ríos de tinta escritos sobre esto. La señora (Daniela) Ungaro define a su ex pareja como un empresario, y de hecho hay dos empresas a su nombre. Hay especulaciones, pero las puntas de la investigación nos van a llevar a esas cuestiones, tanto sobre los supuestos negocios como sobre personas que llegaron a tomar tamaña decisión. Alguien ordenó matar a Medina, o alguien fue a matarlo directamente. En esos alguienes (sic) estamos trabajando". En ese sentido, destacó el "compromiso" de los fiscales Esteban Franicevich y Cristina Rubiolo; y el "acompañamiento" del procurador Jorge Barraguirre.

Rodenas aclaró que investiga el doble crimen tiene a la pareja como víctima, y recordó que mandó oficios a la Procunar para contar con "garantías de mayor información", como se les solicitó también a la Justicia Federal de Rosario y a la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial, "para que informen sobre algún dato que pueda llevar a autores materiales e intelectuales", aclaró.

Para Rodenas "es claro que ante la aparición del nuevo paradigma, el poder judicial, político y la policía como brazo armado, debemos tener en claro que las respuestas deben ser diferentes frente al fenómeno".

"Actos fallidos". Las dos situaciones confusas que se dieron durante los primeros días de la investigación fueron calificadas así por la magistrada, en referencia a la pericia sobre la computadora Mac de Medina, que fue enviada a Santa Fe para ser analizada por funcionarios políticos; y el intento de ingreso de tres policías de la división Judiciales a la casa de Medina en el country de Pilar, donde estaba ordenado un allanamiento para dos días posteriores a la confusa situación que terminó con los tres efectivos en disponibilidad y su jefe citado a declarar en el juzgado.

Rodenas dijo que las "excusas" de los efectivos que "intentaron cruzar las barreras del country" de Pilar, sin orden judicial, para llegar a la casa del presunto narco asesinado, no la dejaron satisfecha. Consideró el suceso como "una muy grave irregularidad". Y planteó que esas justificaciones "escondían los verdaderos propósitos". Según indicó, no pudo "definir cómo fue la cadena de órdenes" porque cuando citó a Romero le comunicaron que había salido de licencia desde el 8 de enero al 5 de febrero. Así, quedó citado para el día siguiente a su regreso. La magistrada dijo que le sorprendió que "ante tamaño hecho -registrado el sábado 4 de enero- el comisario Romero no se haya presentado espontáneamente". Los tres policías a su cargo tienen una causa en Pilar por abuso de autoridad.

En tanto, sobre el desbloqueo de la notebook, consideró "inusual" que dos funcionarios de gobierno prestaran colaboración antes de que la jueza la solicitara o diera la orden de intervención, la misma noche que ocurrió el homicidio. Si bien se aclaró que fue la jueza Raquel Cosgaya quien dio la orden de que así se hicieran las cosas, habló de una orden telefónica a las 23.59 del domingo del homicidio, día en el que fue imposible comunicarse con la jueza que correspondía al turno, María Luisa Pérez Vara. Las dudas están en que previo a que Cosgaya fuera consultada desde la oficina de pericias, dos funcionarios llegaron desde la secretaría de Tecnología del gobierno.

La jueza recordó ayer que luego de que fuera secuestrada la notebook de la habitación 241, que Medina ocupaba en el Hotel Pullman, la Mac fue llevada a Pericias Informáticas de la policía. Tal como expresa el acta, cuando estaba por ser precintada a la espera de una orden judicial, llegaron dos funcionarios de la Secretaria de Ciencia y Tecnología. Luego se hizo presente la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren, que se encontró con que ya estaban en el lugar dos personas (Echaniz y Degrati) ajenas al Poder Jdicial, funcionarios del ministro (de Seguridad, Raúl) Lamberto, "en colaboración". Recién entonces fue consultada Cosgaya. "Son criterios judiciales de evaluación de la prueba", dijo Rodenas sobre la decisión de su colega. "Lo que me resulta inusual o extraño es por qué había dos funcionarios provinciales en el lugar antes de que la jueza diera la orden", planteó.

Apenas Rodenas tomó la causa, el 30 de diciembre, ordenó que la computadora volviera a Rosario para ser trasladada a Buenos Aires, por personal de Gendarmería Nacional, dependencia que le da "garantías de imparcialidad".