El secretario de Políticas Sociales de la provincia, Joaquín Blanco, defendió el abordaje que realiza ese ámbito en los casos de adolescentes que caen en el consumo problemático de estupefacientes. Aseguró que la provincia trabaja en consonancia con la nueva Ley Nacional de Salud Mental y que la internación "es el último recurso". Respondió así a los planteos de algunas instituciones sobre la necesidad de buscar estrategias superadoras que no tiendan al aislamiento de los pacientes.

-¿Qué tratamiento le da la provincia a un joven a quien se le detecta un consumo problemático de estupefacientes?

-Para aquellos que tienen más de 18 años tenemos un convenio de becas que otorga la Sedronar, que en general tiene que ver con un tratamiento intensivo en una institución. En el caso de los menores adolescentes, trabajamos con la Subsecretaría de Niñez. En primera instancia se busca a un adulto responsable dentro de la familia para que pueda acompañarlo a una instancia ambulatoria.

-La internación o tratamiento intensivo en una institución, ¿no es un método anacrónico?

-En el caso de los menores de 18 años es el último recurso y se trata de instituciones a puertas abiertas, no del viejo método de granjas. Sólo se implementan tratamientos intensivos (N d R: internación) en casos de extrema gravedad: por ejemplo adolescentes que han participado en hechos delictivos graves como homicidios. Al ser menores no son punibles, pero suelen tener un comportamiento adictivo severo.

-¿Cuántos jóvenes están en la provincia en esta situación?

-Contamos con unas 50 plazas permanentes para tratamiento intensivo en instituciones civiles. Tratamos de no usar la palabra internación porque son espacios voluntarios de puertas abiertas, más bien flexibles. Pero más allá de estos casos aislados, cada situación de consumo en adolescentes tiene una particularidad en sí misma y hay que probar diferentes estrategias e intentar modificar algunas cuestiones estructurales que hacen que ese joven caiga en el consumo.

-¿Considera que la provincia está realmente en consonancia con la nueva ley de salud mental que evita los dispositivos de encierro?

-Así es. Lo más interesante de la ley es la temática de salud pública en el sentido más amplio del término, poder pensar al consumo no como una causa sino como una consecuencia de procesos de violencia, deserción escolar, abandono, desempleo, etc. Poner el tema en un contexto amplio para abordarlo integralmente. En ese difícil camino estamos.

-Sin embargo, hay instituciones que reclaman que la provincia piense en otras estrategias que no sean el centro de día o la internación que más bien tiende a segregar...

-Nosotros tenemos convenio con diferentes organizaciones, por ejemplo el Programa Andrés. Además contamos con un programa propio de acompañantes personalizados en la órbita de la Subsecretaría de Niñez. Se trata de profesionales que acompañan las 24 hs a niños y adolescentes, para que puedan construir un vínculo con un agente estatal y tener un marco de acompañamiento y de seguimiento.

-¿Esto se replica en toda la provincia?

-Los programas son provinciales, pero necesitamos un involucramiento de los municipios y comunas a nivel general, necesitamos mayor inversión en áreas sociales, fundamentalmente en equipos mejor preparados para trabajar con niños y adolescentes. Algo que sí sucede en Rosario.

-¿Cómo se está trabajando con esos organismos nacionales?

-Estamos con mucha expectativa con este cambio de impronta de la Sedronar. Lamentablemente aún no pudimos tener un espacio de encuentro y nos enteramos por los medios de comunicación de la visita del nuevo secretario Juan Carlos Molina a la ciudad de Rosario hace un par de semanas pero no tenemos mayores precisiones. Estamos pidiendo una reunión de trabajo.