El Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, confirmó ayer su renuncia al cargo ﷓﷓tal como adelantó Rosario/12 a mediados de enero﷓﷓, y aseguró públicamente que la decisión estuvo motivada por "razones personales", ya que desea volver a la actividad privada y académica. La lectura fina del hecho sin embargo tiene matices muchos más claros: el jefe de todos fiscales confesó a sus allegados cierto "cansancio" por los cortocircuitos permanentes por las políticas de seguridad. Como un conciliador nato que es, Barraguirre jamás dirá públicamente los motivos por los que aceptó la oferta del estudio porteño con el que litigará en tribunales internacionales. Sin embargo reconoce entre sus íntimos que se cansó de que lo hagan sentirse "deudor" cada vez que iba a pedir algo para el sector más castigado por el discurso oficial en los últimos tiempos, y que impactaban de lleno en los fiscales de toda la provincia. "Somos los malos de la película", repitió en voz baja en los últimos tiempos, cada vez que leía en los medios de comunicación los discursos y la propaganda oficial.

El anuncio no fue sorpresivo: en persona se lo había hecho saber al gobernador Antonio Bonfatti hace tiempo, con un deseo de que las cosas cambien, buscando casi una señal alentadora para quedarse. Pero nada de eso pasó. "No hay motivos para quedarme" les confió a sus amigos más cercanos, que no entendían mucho del mundo judicial pero sí de su cansancio personal por las opciones que no compartía.

Después del atentado a la casa del mandatario provincial, las diferencias fueron marcadas. Su relación con el ministro de Seguridad Raúl Lamberto siempre fue correcta en el plano personal, pero nunca compartió su mirada de la gestión. La última decepción fue la decisión de generar un nuevo organismo de control para retirar las armas en poder de civiles, en lugar de fortalecer la labor de los fiscales, a quienes el propio Procurador les había dado órdenes concretas.

Algo similar ocurrió con el titular de la cartera de Justicia Juan Lewis, de quien lo separa un abismo de formación profesional y académica que hace insalvable cualquier diferencia de opinión.

Luego de presentar su dimisión en enero pasado, esperaba la confirmación desde el Poder Ejecutivo. Estuvo en el cargo un año y medio, y fue uno de los motores para acelerar el nuevo sistema penal, que comienza a regir el próximo lunes, con los fiscales como actores principales del proceso de investigación.

Barraguirre, de 48 años, detalló ayer en Radio 2 que su alejamiento de la Procuraduría, donde ingresó en agosto de 2012 tras la muerte de Agustín Bassó, tiene que ver con un ofrecimiento de parte de la firma porteña Guglielmino y Asociados, para trabajar en el ámbito del derecho internacional. "Es una oportunidad única. Es como jugar en las grandes ligas", dijo.

El procurador reconoció que 2013 fue "un año extremadamente complejo", y lamentó que 2014 "no apunta a ser mejor", en cuanto a la cantidad de hechos de violencia y homicidios que sacuden a los santafesinos.

Evaluó que su renuncia es "positiva" ya que habilita el ingreso de "nuevas energías y puntos de vista", aunque muchos lamentan la partida, frente a la responsabilidad con la que se asumieron las tareas desde la Procuraduría.

En tanto, en LT8 recordó que "venía de la profesión privada", y planteó que la que le llegó es una "oportunidad muy escasa en las vidas de las personas". También habló de "volver a la vida académica. Mi presencia en la Facultad de Derecho en Santa Fe últimamente fue muy escasa y yo creo que parte de los problemas institucionales que tenemos es la manera en que atendemos las escuelas de Derecho. Para mí es un sueño volver a tener una dedicación full time en la Facultad de Derecho de la Universidad que transitaron mi abuelo y mi padre".

Barraguirre había encomendó tres lineamientos a los 44 fiscales a su cargo, para que enfoquen su trabajo de investigación en el origen y circulación de armas de fuego en la sociedad civil, el accionar de los violentos del fútbol y sus relaciones con el delito organizado, y las denuncias contra policías por enriquecimiento ilícito.