El jefe de la División Judiciales de la Unidad Regional II, Cristian Romero, defendió en la Justicia el accionar de sus tres agentes acusados de "abuso de autoridad" por la Fiscalía de San Isidro, por haber intentado ingresar sin orden judicial al country de Pilar donde vivían los asesinados Luis Medina y Justina Pérez Castelli. En declaración informativa, Romero se presentó sin abogado a darle explicaciones a la jueza Alejandra Rodenas. "Todo se lo dije a la jueza. No puedo decir nada más", dijo al salir del despacho. Según pudo saber este diario, su testimonio fue similar al de sus subalternos, que el sábado 4 de enero intentaron ingresar al barrio privado para hacer "tareas investigativas". Sucede que en el lugar ya había estado personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), y la jueza había ordenado que éstos hicieran un allanamiento el lunes siguiente. En la Justicia, siguen existiendo dudas con respecto a la situación en la que sobrevuela una aparente disputa dentro de la fuerza. En tanto, el fiscal Carlos Covani, aclaró que en la causa Medina "hay varias versiones circulando, pero no hay datos objetivos que las confirmen". También dijo que no llegó el informe de Gendarmería Nacional sobre la Mac de la víctima.

Cuando personal de la guardia del country Haras del Pilar fue consultado por tres agentes de Judiciales que llegaron allí con el padre de Justina, para ingresar a tomar fotografías, desde la garita llamaron a las TOE --que había estado dos días antes, y pidieron que se informen movimientos extraños-- para dar cuenta de la llegada de otra repartición al lugar. También llamaron a la DDI de Pilar, que demoró a los policías.

El jefe Romero aseguró ayer que el accionar de los efectivos estuvo dentro de sus "trabajos de investigaciones", ante los requerimientos de colaboración a toda la policía. "En un country de Pilar no se puede hacer nada ilícito", habría dicho el jefe policial.

Romero aclaró que si bien los tres agentes pudieron hacer seis cuadras hacia adentro del barrio para tomar fotos de la casa de Medina, lo hicieron a bordo de una camioneta de la guardia del barrio cerrado, hasta que se les ordenó retornar sin poder tomar imágenes. También aclaró que fue avisado de que el padre de Pérez Castelli acompañaría a sus agentes, pero aclaró que no fue una orden. Los policías y el padre de la víctima finalmente coincidieron en que no lo fueron a buscar para que los acompañara, sino que al ir a preguntarle la dirección del lugar, éste respondió que no la sabía, pero que podía acompañarlos y marcarles el barrio.

Al parecer, la idea era ir a constatar la existencia de la casa para dejarlo asentado en un informe que entregarían sobre la investigación del caso, aunque desde el inicio se aclaró desde el juzgado que Rodenas no había pedido particularmente la colaboración de esta división. De hecho, dos días antes de que los tres agentes llegaran al lugar, las TOE estuvieron allí con tareas de investigación y tenían pensado regresar el lunes al allanamiento que Rodenas les endilgó.

Al respecto, Romero aclaró que "de esa manera están acostumbrados a trabajar para presentar informes y aclaró que no estaban al tanto del operativo previsto para el lunes", dijo una fuente, que consideró que "se pisaron entre ellos", por las dos reparticiones que estuvieron realizando tareas investigativas en el lugar.

En tanto, ayer el fiscal Covani solicitó varias medidas en el marco del expediente, hizo un relevamiento de lo realizado durante la feria judicial, controló la producción de pruebas y solicitó lo que falta. También pidió que le envíen CDs donde habría datos que aún no fueron analizados. Además, solicitó que se fije nueva fecha para la declaración informativa de Daniela Ungaro, ex pareja y socia de Medina; además de algunos testimonios.