El director del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, Jorge Bortolozzi, denunció ante la justicia que "una farmacia rosarina no inscripta como proveedor del Estado, vendió medicamentos adulterados de un laboratorio que para la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) legalmente no existe. Se trata de la farmacia Ercole -funciona en la Terminal de Omnibus de Rosario-, que vendió medicamentos del laboratorio Xenix. Al ser analizados, los mismos resultaron con menor cantidad de la droga requerida: Ibuprofeno, Sulfametoxazol y Dipirona.

El Servicio Penitenciario compra mensualmente 19.500 pesos en medicamentos para las unidades N° 1 de Coronda, y N° 2 y N° 4 de Santa Fe, esta última de mujeres. Ello, sin prejuicio que se adquieran otros medicamentos específicos que fueran recetados por médicos por alguna docencia particular de un interno. El resto de las unidades tienen partidas específicas para hacer las compras directas por su cuenta.

Todos los meses estas tres cárceles elevan las nóminas de medicamentos y así la Direccion de Sanidad se encarga de hacer el pedido a la Administración, responsable de la tarea de pedir precios, hacer consultas y adjudicar al oferente más económico.

Así ocurrió hasta que hace solo unas semanas la farmacéutica de la Dirección de Sanidad -que se desempeña en su cargo desde hace siete meses- mandó a analizar tres medicamentos "para garantizar la seguridad y la calidad de los mismos". El control lo pidió al laboratorio de control de calidad de medicamentos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral.

"Los que nos interesaban eran tres de ellos que arrojaron un resultado contundente: son medicamentos adulterados, vale decir que no cumplen con los ensayos realizados, no respetando la concentracion establecida en el envase de los productos", reveló Bortolozzi a Rosario/12.

El funcionario comunicó la novedad a la sección jurídica de la Dirección General y al Ministerio de Gobierno a los efectos de iniciar el sumario y efectuar posteriormente la denuncia penal ante la Justicia. E informó al área de Suministros y contrataciones y a la Dirección de Farmacia. Esta última también aportó un dato preocupante: "la proveedora es de Rosario, la Farmacia Ercole, y el laboratorio es Xénix, que, según nos informó la dirección de Farmacia de la provincia, no existe". Mientras que la farmacia Ercole está ubicada en Cafferata 702, por lo que funciona en unos de los locales comerciales de la Terminal de Omnibus de Rosario.

Entonces se libró un oficio al ANMAT desde donde contestaron que "la firma Xenix, no se encuentra hasta la fecha habilitada ante esta administración nacional", según reveló Bortolozzi. El funcionario radicó así la denuncia penal ante el fiscal Paz de Santa Fe, pero por incompotencia territorial la misma recayó en la fiscalía N° 5 de Rosario. De allí fue al juzgado de instrucción 8º como "NN sobre defraudación al Servicio Penitenciario". Finalmente el último viernes el trámite quedó en manos del juzgado de instrucción 6º, expediente Nº 556.

De igual modo Bortolozzi comunicó el trámite a Fiscalía de Estado "para que se presente como actor civil para tomar parte del expediente y así lograr a la recuperación de lo dañado o perdido". El director del Servicio Penitenciario confesó que "la sospecha es que nos estaban vendiendo medicamentos adulterados, a lo mejor a un precio menor a la competencia, pero que evidentemente no tenían la calidad requerida. Para determinar si hubo connivencia interna, ordené el sumario y denuncié el caso ante la justicia".

"Del informe que pedimos se puede leer que esta empresa venia proveyendo al Estado desde agosto de 2002 y supo abastecer hasta la mitad de las compras que hacia el Servicio Penitenciario", puntualizó el funcionario. De ahora en más la provincia proveerá a través de su laboratorio provincial estos mismos medicamentos. Los tres remedios adulterados son Ibuprofeno, Sulfametoxazol y Dipirona. Mientras hay otros medicamentos que serán analizados en Buenos Aires ante la falta de tecnología adecuada en la capital provincial.