El juez Juan Carlos Curto admitió a diputados del Movimiento Evita como querellantes en la causa que investiga si existió orden judicial para que dos funcionarios del gobierno provincial intervinieran en la pericia a la notebook del asesinado Luis Medina. En audiencia pública, los legisladores Eduardo Toniolli, Gerardo Rico y Mariana Robustelli pidieron ser parte en el legajo judicial, con el patrocinio de los abogados Fernando Rosúa y Rubén Chiavazza. "Lo que denunciamos es la intromisión de estos funcionarios en un elemento de prueba, y sostenemos que nos habilita nuestro rol porque estamos hablando de delitos contra la administración de justicia. No estamos en contradicción con el fiscal (Adrián Mc Cormack), sino que vamos a colaborar con él. Tenemos un antecedente de dictamen vergonzoso del fiscal Carlos Covani (del viejo sistema penal) que consideró que no había delito, y eso nos empujó a querer ser parte de este proceso judicial", dijo Toniolli al salir de la audiencia.

La investigación del Ministerio Público de la Acusación parte de la denuncia de los diputados contra los funcionarios Martín Degrati y Javier Echaniz, del área Técnica del Ministerio de Gobierno. Tras el crimen de Medina y su pareja, Justina Pérez Castelli, el 29 de diciembre de 2013, personal policial secuestró de la habitación del hotel del casino de Rosario ﷓donde se hospedaban las víctimas﷓, una Mac Ultrabook. Aquél domingo, la ex jueza María Luisa Pérez Vara estaba de turno, y nunca contestó su teléfono. Frente a ello, la causa pasó por varios jueces en pocas horas, y la computadora fue llevada a Pericia Informática de la Unidad Regional II. Según las actas, hasta allí llegaron los funcionarios, que dijeron ser enviados para "colaborar" con el desbloqueo de la computadora. Esa "intromisión" motivó la denuncia.

Antes de resolver, el juez escuchó la negativa del fiscal, quien consideró que "no se dan los supuestos que habilitan a damnificados", entre otras cuestiones técnicas sobre la figura del querellante.

Los representantes de los diputados señalaron que "los que se denunciaron, son delitos en circunstancias excepcionalísimas, de los que no hay antecedente en la provincia: no es frecuente que agentes de otro poder se inmiscuyan en las pruebas de una causa. Esto justifica nuestra participación", dijo Chiavazza. Además, Rosúa planteó que "es un delito contra la administración de justicia y el damnificado es el pueblo de la provincia de Santa Fe. Una de las funciones de los legisladores es responder por ellos. Está sobrada la motivación".

Los letrados agregaron que "los acusados son funcionarios del primer nivel del gobierno"; y subrayaron que "en otros homicidios no se allana rápidamente, ni el gobierno se ocupa con esa rapidez". Por eso, plantearon: "Nuestra participación es para avalar la legitimación de esta causa".

El diputado Toniolli le dijo al juez que al ser citados en la Cámara, "los ministros (Rubén) Galassi y (de Justicia) Juan Lewis, han reconocido que dos funcionarios llegaron al lugar (Pericia Informática) y manipularon la computadora. Para nosotros eso ya configura delito". Además, aclaró que los diputados actúan como "contralor del Poder Ejecutivo".

Tras un cuarto intermedio de veinte minutos, Curto leyó la resolución a las partes. En principio consideró que hay delitos en los que "muchas personas a la vez pueden sentirse víctimas". Y destacó que los solicitantes son "denunciantes", por lo tanto, "están vinculados y hay diferencias con cualquier otro particular. Quieren asumir los riesgos", argumentó. En otro punto, señaló que los diputados "se quieren constituir como representantes de un número importante de habitantes de la provincia, con lo cual, el interés de los mismos es el interés de muchas personas".

"Bienvenidos", les dijo el fiscal Mc Cormack, al término de la audiencia, aunque todavía puede apelar la resolución. Además, puntualizó en qué estado está la causa, desglosada del doble homicidio. "Se pidió un informe al procurador de la Corte, Jorge Barraguirre sobre la cuestión administrativa de la jueza Pérez Vara, y éste respondió que se giró la petición a la Corte. Además, se solicitaron las actuaciones al juzgado Correccional 8 donde recayó la denuncia a la ex jueza por incumplimiento de deberes de funcionaria. También esperamos las copias de la causa que instruye la jueza Alejandra Rodenas, por el doble homicidio".