La Justicia instó a que en 30 días el gobierno haga una propuesta concreta para garantizar los derechos de las personas alojadas en celdas de aislamiento, y se equipare el trato al del resto de la población carcelaria de la regional Rosario. La decisión surge de un planteo del defensor General, Gabriel Ganón, por "malas condiciones" de detención de una veintena de detenidos en los llamados "buzones de castigo", en las unidades 11 (Piñero); 3 y 5, de Rosario. El Servicio Público de la Defensa Penal, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad provincial deberán trabajar en conjunto para establecer "una base mínima de actuación", es decir, un protocolo conjunto y garantizarle a los detenidos en esas celdas acceso a la salud, educación, buena alimentación y tareas laborales, además de igualdad en el régimen de visita y de recreación. El hábeas corpus correctivo se resolverá el 4 de julio, cuando se presente el plan. Mientras tanto, el juez José Luis Suárez, instó a que haya un "estricto cumplimiento en el trato de los internos" por parte del Servicio Penitenciario.

El lunes pasado, Ganón presentó un detalle de la situación de los presos en celdas de castigo, donde muchos detenidos llegan por su voluntad, al no querer juntarse con el resto de la población carcelaria; y otros, por cuestiones disciplinarias. Frente al recurso de hábeas corpus, el juez Suárez ordenó una inspección ocular que se realizó anteayer. Según indicaron desde la Defensoría, hay 15 personas en celdas de aislamiento de Piñero; cuatro, en la U3; y tres, en la U5 de mujeres. La Defensoría planteó que, más allá de que el aislamiento suele ser para asegurar el resguardo físico de los internos, los alojados allí no reciben el mismo trato y beneficios que el resto de la población, y por ello, considera que "ese régimen violenta los derechos humanos".

Ayer, en audiencia oral y pública, Rafael Coria, asistente técnico del Servicio Penitenciario provincial, respondió los planteos. Sobre la recreación indicó que los detenidos en aislamiento salen al patio con acompañamiento; aseguró que "la salud está garantizada con un recorrido médico diario", como también la educación. "Se deben inscribir", dijo sobre la posibilidad de estudiar. En cuanto a la alimentación, señaló que es la misma que reciben los otros internos. Y sobre la cuestión laboral planteó que "no hay trabajo para todos los detenidos, pero la oferta se asigna mensualmente".

Ganón lo interpeló sobre la cantidad de horas de recreación de los internos en aislamiento, y el funcionario respondió que era de dos horas. Entonces, el defensor le repreguntó cuánto era el tiempo para el resto de la población, y Coria contestó que se les dan seis horas. Además, Ganón aseguró que --según le manifestaron los internos-- "los médicos no recorren los pabellones como deben hacerlo".

En ese ida y vuelta, el defensor señaló que "el objetivo de la acción penal es la creación de un protocolo"; mientras que el Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal regional Jorge Baclini, estuvo de acuerdo con que se elabore conjuntamente.

Tras la resolución, con los plazos establecidos por el juez, Ganón se manifestó "conforme", adelantó que la semana que viene hay una audiencia similar por las personas aisladas en penales de la ciudad Capital, y dijo que la idea es lograr un "protocolo único" para la provincia. "Hay una realidad que todas las personas desconocen y que se pretende negar desde el Servicio Penitenciario; por eso, esto debía ser inmediatamente corregido".