A raíz de la golpiza que recibió Erico Neironi el pasado sábado por empleados de la agencia de seguridad privada Rangers -que fue dada de baja hace dos años por el gobierno provincial-, el concejal Héctor Cavallero (PPS) pidió ayer que la Municipalidad reglamente una ordenanza aprobada en el 2012 para que las empresas estén registradas. "Los valores de las multas para las agencias que presentan irregularidades son irrisorios, y si las clausuran siguen trabajando a través de una medida cautelar", indicó Cavallero. La empresa Rangers, que no figura en el padrón oficial de agencias, "tiene numerosas casillas" en Alberdi. "Por eso reclamo que la Municipalidad controle, hay empresas truchas, que incluso copian los uniformes de empresas registradas, y que los vecinos no conocen", agregó. El edil planteó que existe un vacío legislativo a nivel provincial, solamente se cuenta con una resolución del Ministerio de Gobierno. Para la diputada provincial Alicia Gutiérrez (SI), autora de un proyecto para controlar el funcionamiento de las agencias de seguridad privada, que tiene media sanción en la Cámara baja, "es importante que el Senado apruebe esta ley para que la actividad esté legislada".

Cavallero recordó que comenzó a trabajar la ordenanza para registrar y controlar a las agencias de seguridad privada hace dos años, tras el asalto al domicilio de la concejala radical María Eugenia Schmuck. Las sospechas recayeron en la agencia Lince que fue clausurada por varias irregularidades. "Fui al domicilio de la empresa que estaba a cargo de un comisario retirado, y pude comprobar que no tenían ningún personal inscripto en el Ministerio de Trabajo, y al investigar los teléfonos comprobamos que no eran de Rosario, eran dos 0800, uno de Capital Federal y otro de Vicente López", agregó.

El edil afirmó que "en ese momento teníamos la certeza que estaban para vigilar cuando el vecino se iba, no para cuidarlos, si no para mandar a los ladrones". En el proyecto que el Concejo aprobó hace dos años por unanimidad quedó establecido que las empresas debían tener un cartel con el nombre, el domicilio, los teléfonos y una dirección de correo electrónico para poder identificarlos.

Para elaborar la normativa, contó con la colaboración del entonces ministro de Seguridad, Leandro Corti, quien lo puso en contacto con la actual titular de la secretaría de Delitos Complejos provincial, Ana Viglione, que estaba a cargo de supervisar a las empresas de seguridad privada. También consultó a propietarios de agencias de seguridad rosarinas. El proyecto fue aprobado el 31 de mayo de 2012, pero hasta hoy el Departamento Ejecutivo no la reglamentó.

La diputada Gutiérrez, autora del proyecto para controlar el funcionamiento de las empresas y personas vinculadas a la seguridad privada -que obtuvo el mes pasado media sanción en la Cámara baja y ahora espera que los senadores lo aprueben- precisó que el dictamen que obtuvo despacho de la Comisión de Derechos y Garantías el año pasado "salió con la anuencia de todos los bloques, inclusive se consultó con las Cámaras de Agencia de Seguridad y el gobierno provincial".

La legisladora consideró que si bien hay un control importante de la Dirección de Control de Agencias de Seguridad provincial, el proyecto establece "algunos requisitos más, como tener título secundario y recibir una capacitación en todo lo que tiene que ver con derechos humanos". Según Gutiérrez "las personas que contratan a una agencia de seguridad periódicamente tienen que chequear que estén reconocidas por la provincia, es un poco responsabilidad de quien contrata el servicio". La diputada precisó que Rosario, Santa Fe, San Lorenzo y Reconquista son las cuatro ciudades que nuclean mayor cantidad de agentes de seguridad privada. "No nos olvidemos que hay muchas que trabajan en negro. Nosotros recibimos denuncias periódicamente de trabajadores de estas agencias por la jornada laboral muy extendida, bajos salarios", agregó Gutiérrez.

Sobre la causa por la brutal golpiza a Neironi, el fiscal David Carizza espera la identificación del recorrido de los móviles del Comando Radioeléctrico y de la comisaría 10, denunciados por la víctima de no asistirlo.