La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe le dio la razón al Banco Central de la República Argentina en la puja que la autoridad monetaria mantiene con los ahorristas estafados del ex Banco Integrado Departamental (BID), quebrado en 1995, por la prioridad de cobro sobre una cartera de juicios aún no resueltos que sumarían hoy alrededor de 405 millones de pesos.

La caída de aquel banco con sede en Venado Tuerto, que representó una de las quiebras más estrepitosas del país con 21.000 ahorristas damnificados, todavía sigue crepitando 19 años después. Los depositantes lograron recuperar a lo largo del tiempo casi el 80% de su dinero birlado, pero pesificados y sin cómputo de resarcimiento por los años transcurridos. Cuando la entidad cerró, el 17 de abril de 1995, regía la paridad de la moneda con el dólar. Sin embargo, en el trámite de la quiebra hay pendientes de resolución un conjunto de juicios que el BID sostenía con deudores por un monto global que en su momento ascendía a unos 300 millones de pesos, y que en la actualidad sumarían 405 millones.

Los ahorristas han exigido prioridad sobre esa cartera de juicios para cobrarse el resto de lo que reclaman, pero el Banco Central también planteó sus privilegios especiales para controlar esa masa de dinero a cobrar algún día. Conocedores de esta vieja causa dudan de la certeza de esa cartera en litigio, puesto que más de un demandado es insolvente en la actualidad.

El enfrentamiento entre el BCRA y los ahorristas escaló desde 2004 hasta estos días por la pirámide judicial. Empezó con un recurso de inconstitucionalidad del Central a un fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Venado Tuerto, que le había asignado preferencia de cobro a los ahorristas. La entidad rectora del sistema financiero nacional alegaba derechos sobre esos fondos por los recursos que le giró en forma de redescuentos y adelantos al BID en los meses previos a su liquidación. También la Corte de Justicia santafesina rechazó en su momento tal pretensión de privilegio del BCRA, cuyas autoridades entonces apelaron ante la Corte Suprema de la Nación.

El máximo tribunal, tras un dictamen del ex procurador Esteban Righi, desestimó la interpretación de la Corte santafesina y anuló aquel dictamen favorable a los ahorristas. En cambio, ordenó que el conflicto fuera revisado por una nueva Corte, es decir, con otra composición. Así fue que se reunieron para este caso los ministros que no habían votado la vez anterior, María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta, más cuatro conjueces: los camaristas Beatriz Abele, Ariel Ariza, Aldo Casella Lanteri y María Mercedes Serra.

Esta composición excepcional de la Corte provincial se expidió el miércoles 4 con una resolución que comparte la dirección promovida desde la Corte nacional: reconocerle el privilegio especial al Banco Central sobre esos 405 millones de pesos que reportarían los juicios pendientes a favor de la quiebra del BID.

Los votos de Gastaldi, Ariza, Casella Lanteri y Serra admitieron el criterio del tribunal federal. Erbetta y Abele suscribieron el veredicto aunque en disidencia. El ministro rosarino prodigó críticas al papel que desempeñó el BCRA en aquellos días terminales, entre enero y abril de 95, cuando la entidad comandada por el menemista Roque Fernández, a las órdenes de Domingo Cavallo, otorgó redescuentos al BID sin respetar siquiera los plazos estipulados por su Carta Orgánica. "El Banco Central sabía, o debía saber, pues es su función, la verdadera situación financiera del ex BID al momento de otorgar los adelantos", reprochó Erbetta en el dictamen, y distinguió que lo del banco fallido no era iliquidez sino insolvencia. Y pese a ello, el BCRA siguió dándole a cuenta.

Pero primó el criterio de reconocerle privilegio especial a la entidad monetaria. Uno de los argumentos centrales fue reconocer en el BCRA su misión de "restablecer plenamente el crédito en la economía, aumentar y es esta finalidad, facilitar el flujo de crédito a la economía, la que debe considerarse prioritaria".

Con esta resolución, la Corte santafesina devuelve el expediente a la Cámara de Apelación en lo Civil de Venado Tuerto para que, con otros jueces, revise aquel fallo en el que le habían dado la razón a los ahorristas, y se pronuncien de nuevo teniendo en cuenta lo dispuesto por la Corte nacional. "A esos conjueces les quedará poco margen para apartarse de la dirección impuesta", interpretaron fuentes judiciales.

La presidenta del comité de acreedores del ex BID, Matilde Sermonetta, viajó ayer a Venado Tuerto para reunirse con el síndico Aldo Venturini con motivo de la novedad judicial. "Encima, dispusieron costas al vencido, es decir que nosotros, los ahorristas tenemos que pagar los honorarios de los abogados del Banco Central. Parece una burla", se indignó la mujer.