El regreso del cuidacoche, o trapito, como tema de agenda pública a partir de la agresión a una mujer en La Fluvial reavivó posiciones encontradas acerca del rol que debe asumir el Estado. El secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, ratificó la "vocación de control sobre esa actividad que no podemos concebirla como un trabajo formal", y hasta defendió la necesidad de "encauzar el lavado de vehículos en la vía pública", pero desestimó iniciativas como la del edil de Unión Pro Roy López Molina, que quiere prohibir esa actividad, a la que considera genéricamente una extorsión. "Algunos nos corren por izquierda y otros nos corren por derecha, y proponen cosas acá que no pueden implementar en los municipios donde gobiernan", lanzó el socialista hacia los opositores radicales, peronistas y macristas.

López Molina ha dicho que "no queda otra que prohibirlos". El radical Sebastián Chale los vinculó con las barrabravas de Newell's y de Central, estimó que recaudan más de 300 mil pesos por partido y propuso un censo tendiente a regular la actividad. Célebre por su frase "Mataron a uno de los nuestros", en alusión a Mariano Bertini, el hijo de un empresario asesinado el mes pasado en una entradera, Luis Nazer (Fundación Trascender) clamó días atrás por Twitter: "Basta de mafias y de pacatería política. Prohibición de cuidacoches en Rosario". Desde el Movimiento Evita, Pepe Berra cotejó que "en Rosario mueren y matan en los barrios, la Municipalidad persigue a los cuidacoches". Y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) repudió todas esas intenciones de prohibir la actividad de los trapitos sin alternativas de inserción real.

Control e inclusión. Asegurado salió del debate que retornó desde este fin de semana, a partir de la agresión de una cuidacoches a una joven en el estacionamiento de La Fluvial. "Vamos en una dirección en la que la prioridad no es el cuidacoche como tal, sino en las políticas de Estado que hay para esa población, contenidas todas en el Plan Abre: los programas Nueva Oportunidad, Volver a la Escuela, Equidad Educativa, y los proyectos de apoyo y promoción laboral como el que estamos desarrollando con los carreros. Rosario siempre ha sido un laboratorio de políticas públicas", dijo.

"La realidad es que la mayoría de los hechos violentos con los cuidacoches la protagonizan personas cercanos al delito, pero no todos son extorsionadores. Esa no es la realidad, como para pretender prohibirlos... y luego qué. Incluso hasta hay vecinos que aceptan y eligen convivir con los trapitos, en la práctica esos tratos existen, no hay que negarlo", analizó.

Sin embargo, se desmarcó de una impostación progresista y se ubicó del lado de la fiscalización y control sobre actividades informales. "No debe haber cuidacoches ni tarifa para estacionar en el espacio público, y tampoco convivir con el estacionamiento medido porque entonces cae ese sistema también. Para eso está la Secretaría de Control, que la intendenta creó y que ya puede exhibir resultados en el tránsito y en la actividad nocturna", señaló. En ese sentido, puso como ejemplo la aplicación del sistema por el cual es posible registrar comercios y oficinas menores a 50 metros cuadrados por Internet. "Ahora no tienen excusa para no estar registrados, y eso también contribuye a la normalización de la escena pública", defendió Asegurado.

Por eso, en el caso de los cuidacoches, insistió en que la ciudadanía denuncie al 911 o al 0800 de la Guardia Urbana Municipal. "Ese debe ser el camino que tiene que funcionar. Lo demás ﷓agregó el funcionario municipal﷓ son oportunismos que duran un rato".

Trabajo y sustento. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) manifestó ayer su "profundo repudio ante las propuestas prohibicionistas que, expresadas por concejales del PRO y de un sector del Frente Progresista Cívico y Social y funcionarios del municipio, pretenden negar el derecho al trabajo y al uso del espacio público que posibilita para miles de compañeros cuidacoches y limpiavidrios el sostenimiento de una actividad laboral y de un ingreso económico que representa el sustento material para un amplio conjunto de familias".

Segun el comunicado de prensa distribuido ayer señala: "Queremos expresar nuestro contundente rechazo a las expresiones estigmatizadoras que han vinculados este trabajo con actividades delictivas o ilegales".

"Creemos que tanto las propuestas de prohibición como aquellas que intentan regular la actividad proponiendo la tutela de la misma por organizaciones sin fines de lucro, le esquivan al objetivo de reglamentar la actividad ganando en mejores condiciones laborales y acceso a derechos, porque ponen el foco del problema en la estética de la ciudad y el monopolio de uso del espacio público, y no en los trabajadores y trabajadoras".

"Esta mirada del municipio -prosigue- se repite frente a todas aquellas prácticas laborales que impliquen la utilización del espacio público, y es reiterada la política municipal de privatizar el acceso al mismo".

Ante la situación descripta la CTEP exige: "El reconocimiento del conjunto de los cuidacoches y limpiavidrios como trabajadores y trabajadoras dignas de pleno acceso a derechos. La inmediata convocatoria a los trabajadores cuidacoches y limpiavidrios para participar de los debates institucionales en los que se esta discutiendo la regulación de su actividad".

Tambien reclaman "la implementación de una política de registro del total de los trabajadores cuidacoches y limpiavidrios, con el objetivo de atender el conjunto de situaciones laborales y viabilizar la formalización y concreto acceso a derechos de los mismos".

La organización de trabajadores finalmente pide "la implementación de un ordenamiento público que permita el desarrollo pleno de esta actividad fomentando una normativa reglamentaria que garantice el respeto a los derechos de los trabajadores".