La Cámara Penal revisará la prisión preventiva de los agentes de la Policía de Acción Táctica acusados por el homicidio de Jonathan Herrera, el muchacho que lavaba su auto en barrio Tablada cuando fue baleado. El camarista de la feria, Alfredo Ivaldi Artacho, admitió la apelación presentada por la defensa de los cuatro policías imputados, que la tarde del 4 de enero pasado se sumaron a una persecución del Comando Radioeléctrico y atacaron al blanco equivocado. Los abogados Romeo Díaz Duarte, Alberto Tortajada y José Luis Giacometti -también asesor de la secretaría de Seguridad Comunitaria de Villa Gobernador Gálvez- piden que se revoque la prisión preventiva sin plazo que dispuso el juez Gonzalo López Quintana, el 13 de enero, cuando los uniformados de entre 20 y 25 años fueron imputados. La audiencia en la Alzada se realizará en los próximos días. "Que el Estado se haga cargo de la formación que le dio a estos chicos, porque hacía ocho días que estaban en la calle cuando esto sucedió. No tuvieron intensión de matar", dijo Giacometti. María Elena, la madre de Jonathan adelantó que la familia hará "todo lo necesario" para que los acusados tengan condenas.

"Ser policía no es simplemente ponerse el uniforme; es más que eso: tener la inquietud de respetar a la ciudadanía, estar preparado para poder enfrentar y evitar muertes. Tampoco sabemos si estos chicos se metieron a colaborar de valientes con el Comando. Es una situación muy delicada, porque antes el personal recién salido de la escuela tenía que pasar meses al lado de un superior con mucha experiencia; y estos chicos tenían ocho días en la calle", planteó Giacometti, que tomó la defensa de uno de los cuatro policías imputados, tras la primera audiencia.

El letrado agregó: "Estamos esperando la audiencia de apelación para pedir en principio la libertad de estos agentes y el cambio de carátula de la causa. Hay que tener en cuenta la instrucción y la experiencia que tenían estos chicos para estar en la calle, porque la preparación es un elemento muy importante. Hay cuestiones que indicarían que no fue terminada la instrucción con el manejo del arma, porque no es solo el manejo, sino la preparación psíquica y física para usarla en determinadas ocasiones. Y si bien fui policía, hoy tengo una posición de defensor, para que se aplique la ley como corresponde; y si la responsabilidad es del Estado, que se haga cargo el Estado".

Luego de la presentación que hicieron los letrados, el lunes pasado, en defensa de los agentes puestos en funciones en diciembre de 2014, ayer indicaron que el camarista Alfredo Ivaldi Artacho admitió que se haga una audiencia para revisar la prisión preventiva sin plazo que dispuso el juez de primera instancia.

En la imputación del martes 13 de enero, el fiscal Adrián Spelta acusó a uno de los agentes de haber disparado al menos uno de los proyectiles mortales; y a los otros tres, les achacó el delito de tentativa de homicidio. En tanto, el abogado Díaz Duarte -que defiende a tres de los cuatro acusados- apuntó a la "exigua" formación de los agentes y fue más allá al reclamar que "en el banquillo de los acusados tendrían que estar algunos funcionarios" del gobierno provincial. Para graficar esa cuestión, dijo que uno de sus clientes sufre de miopía, pero de todos modos lo pusieron en funciones.

Según pudo saber este diario, los letrados plantearán que el homicidio se encuadre como una muerte "culposa" y no dolosa, como la calificó el fiscal.

Jonathan fue alcanzado por tres balas, luego de un tiroteo entre personal del Comando Radioeléctrico y un ladrón, al que se sumaron las armas de los cuatro agentes de la PAT acusados, quienes bajaron de un colectivo de la línea 133 para apoyar el operativo, pero hirieron al joven que lavaba su auto en Pasaje Villar y Ayacucho. Dos de los impactos fueron mortales: uno que le rozó la cabeza y le fracturó los huesos del cráneo, y otro que ingresó por un muslo y se alojó en la cadera. El restante impactó en un pie. Las pericias dieron cuenta de que la bala que se pudo extraer (la de la cadera) corresponde al arma reglamentaria del agente Ramiro R. de 25 años, acusado del homicidio. En tanto, a Francisco R., Luis S. y Alejandro G., fueron imputados por una tentativa de homicidio.

La víctima tenía 23 años y un bebé de un mes y medio, con Sabrina, de 20 años. Hacía pocas semanas había empezado a trabajar como repositor en la tienda Falabella.