La Cámara Penal ratificó la continuidad de la acción penal contra la ex jueza de instrucción María Luisa Pérez Vara, quien antes de jubilarse quedó bajo la lupa por su "mal desempeño" en los inicios de la causa por el doble homicidio del empresario, sindicado narco, Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli, a fines de 2013. La decisión del juez Carlos Carbone llegó dos semanas después de que se realizara una audiencia oral y pública, a la que la magistrada jubilada no asistió por encontrarse "deprimida", según expresa el fallo. Allí, su abogado, Jorge Bedouret, apeló el rechazo a su pedido de que se extinga la acción penal por el pago voluntario de la multa que le impuso la Corte Suprema a la acusada, hace un año. Sin embargo, el camarista confirmó el fallo de primera instancia y la investigación sobre el accionar de Pérez Vara seguirá su marcha.

Su inesperada ausencia como jueza de turno, para iniciar las medidas investigativas tras el doble crimen cometido la madrugada del 29 de diciembre de 2013, en Circunvalación y Ayolas, generó la investigación sobre su accionar. Primero, fue en el marco administrativo, durante los primeros meses de 2014. En ese sumario, el máximo tribunal provincial resolvió sancionar a Pérez Vara con una multa que, tras ser apelada, fue ratificada por la Justicia. El 28 de febrero de 2014, la Corte le impuso una multa de casi 3 mil pesos, por no hacerse presente en la escena del crimen. Ella ya estaba jubilada. El pago, según el fallo de la Alzada, se efectivizó el 30 de octubre de 2014.

La causa llegó luego a la instancia penal. Pese a que debía declarar el 1º de octubre pasado ante el juez Correccional Héctor Nuñez Cartelle, por pedido de la fiscal Nº 4 Ana Rabín, lo hizo recién el 3 de noviembre. Allí, quedó imputada por "haber omitido cumplir con las obligaciones propias de la función de magistrada, generando inactividad en la producción de directivas y medidas de investigación específicas necesarias e imprescindibles para la elucidación, encontrándose de turno del 23 al 29 de diciembre inclusive". El delito que le cabe es el de "incumplimiento de deberes de funcionario público".

Frente a ello, su defensa pidió que se extinga la acción penal, ya que fue abonada dicha multa. En primera instancia se le negó el planteo, por lo que Bedouret apeló en la audiencia del 5 de enero pasado. Así, en un fallo del 11 de febrero pasado, el juez Carbone confirmó aquella resolución, por lo que la causa seguirá su curso.

El domingo que mataron a Medina y su novia, la entonces magistrada no respondió los teléfonos en horas de la mañana, apenas sucedido el hecho, ni en las horas siguientes. Por entonces, funcionarios policiales y un fiscal intentaron informarle del hecho pero no la encontraron. Luego, sus superiores del fuero penal intentaron contactarla y la magistrada alegó un problema de salud. Eso obligó a dejar la causa por el doble crimen en manos de Raquel Cosgaya, primero, y luego en el juzgado de Alejandra Rodenas.

El lunes 30 de diciembre, los camaristas Carina Lurati y Ernesto Pangia intentaron sin éxito ubicarla. "No ha sido posible contactarse. Siendo las 11.40 no ha concurrido al juzgado, como tampoco se ha podido establecer contacto telefónico", rezaba parte del informe de la Cámara. Más tarde, Pérez Vara se comunicó con la camarista Carina Lurati para informarle que "el celular de turno desde el sábado estaba en el juzgado, que no lo tenía consigo y que estaba enferma". Lurati le ofreció enviarle un médico a su casa para que tomara licencia por enfermedad, pero ella se negó. En su despacho, sólo se encontró la caja con el cargador del celular.