A 38 años de su intervención, la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil impulsa la investigación de lo que se llamó su "genocidio cultural". Frente a ello, hoy se realizará una presentación ante el fiscal Gonzalo Stara, de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, para solicitar una inspección judicial en las instalaciones de la histórica institución. La fiscalía a la que llegará hoy el petitorio es la que lleva adelante la investigación de los delitos económicos cometidos durante la dictadura militar, en las instalaciones de Gaboto 450, Alem 3078, 3086, 3098, 3080 y 3060.

Desde la comisión directiva recordaron que la intervención cívico militar produjo el desguace de los bienes de la Vigil y el desmantelamiento de su proyecto cultural, popular y emancipador que fuera señero en la ciudad y en la región. Fue el 24 de febrero de 1977, mediante la resolución 0492/77, que se decretó la intervención de la entidad con la excusa de los problemas económicos de la misma. En escasos días, sin siquiera tener un panorama aproximado de la situación económica de Vigil, se dispuso su liquidación. Así, con participación tanto de miembros de las Fuerzas Armadas (Marina y Ejército), como personal de la Policía y civil de inteligencia, y un grupo de civiles (contadores y abogados), se montó un complejo plan para saquear a la Vigil. El proceso de liquidación, contó con la complicidad del INAM, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Poder Judicial, quienes permitieron que este se extendiera durante 30 años, cometiendo una infinidad de delitos, perjudicando a socios y acreedores.

En ese sentido, marcaron sus directivos que hoy, luego de la recuperación de parte de sus instalaciones, la actual Comisión impulsa "la investigación de los delitos contra la vida cometidos contra sus miembros y los económicos que destruyeron su patrimonio, entendiendo que el conjunto y articulación de estos delitos, constituyen la figura de genocidio". Por eso buscan acompañar las constataciones notariales del estado en el cual se recuperaron los inmuebles de la institución y solicitarán la presencia de los magistrados a fines de inspeccionar el lugar donde se cometieron los delitos investigados y desde donde se pensó la implementación de los mismos.

Según el seguimiento de la causa que viene haciendo este diario, en agosto de 2012, el juez Marcelo Bailaque ordenó abrir la investigación sobre los delitos económicos cometidos en la biblioteca, durante la última dictadura militar. El requerimiento de instrucción fue impulsado por el fiscal Stara para establecer las responsabilidades ante la intervención. Un mes antes, y en el marco de la causa Feced, el magistrado resolvió tener por parte querellante a los directivos de la biblioteca sobrevivientes del ex Servicio de Informaciones de la policía . Además, resolvió aceptar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), para impulsar la investigación de los hechos. Casi al mismo tiempo, la fiscalía solicitó requerimiento de instrucción por los hechos de "robo agravado, daño agravado, estafas y otras defraudaciones cometidos contra el patrimonio de la biblioteca". Estos fueron considerados "hechos susceptibles de ser encuadrados dentro del plan sistemático de represión clandestina e ilegal implantado en nuestro país como política de estado a partir del 24 de marzo de 1976".