La secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa Pascual Guerrieri, en la que se investiga el funcionamiento de centros clandestinos de detención como la Quinta de Funes. Lo hizo a través del patrocinio de Ana María Figueroa, quien explicó ayer que "se intenta advertir que muy por el contrario de lo que sostiene la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal, si Juan Daniel Amelong recupera la libertad podría tratar de obstruir la acción de la justicia".

Figueroa explicó que "nos presentamos en la causa Pascual Guerrieri, que es donde se están investigando los centros clandestinos de detención como Quinta de Funes, la Intermedia, la Escuela Magnasco. Dentro de estas causas hay cinco personas procesadas: además de Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, Eduardo Constanzo y Carlos Sfulcini. Y lo hacemos atentos a la decisión de la Sala 3 de Casación en la cual se permite la libertad de Amelong fianza mediante. Y nos parece grave porque tuvimos en la Secretaría denuncias que aseguraban que mientras Amelong estuvo detenido había amedrentado a familiares de víctimas mediante emails. Pero también hay una declaración indagatoria de Constanzo en la cual dice que Amelong lo amenazó para que no hable. Por eso decimos que si está en libertad podría tratar de obstruir la acción de la justicia por que lo ha hecho aun estando en detenido".

"Por todo esto nos presentamos como querellantes en esta causa pero además enfocando que las personas que están procesadas por delitos de lesa humanidad cometieron delitos de gravedad y recordando que hay una responsabilidad del Estado que comprometido con la obligación de investigar y sancionarlos", señaló Figueroa.

De igual modo indicó que "no hay ningún elemento para decir que si estas personas logran la libertad se profuguen porque la mayoría de ellos han sido detenidas antes del 14 de julio de 2005, que fue el momento en que la Corte Suprema en el caso Poblete estableció que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no son imprescriptibles. Por lo cual a partir de este fallo los represores tienen la certeza que no van a poder eludir la acción de la justicia, con lo cual es falaz decir que nunca quisieron profugarse porque recién entonces perdieron la impunidad. Porque para que se van profugar si estaban bajo el beneficio de las leyes de impunidad".

Figueroa agregó que "tampoco es cierto que falte mucho tiempo para el juicio oral, porque en el caso de Amelong hace solo dos años y dos meses que estaba detenido y el Código Procesal Penal de la Nación habilita a la extensión de un año más de plazo, de manera tal que creo que se está en condiciones incluso en la causa Jordana Testoni (Fabrica Militar de Armas) donde represento a Adriana Arce -una de las victimas- se esta en condiciones de ser llevado a juicio".