[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El Encuentro Regional por Memoria y Justicia acercó al Ministerio Público Fiscal un pedido de "medidas reparatorias" en el marco de la megacausa Saint Ammant II. La reparación de los legajos personales de los soldados conscriptos desaparecidos Gerardo Cámpora, Carlos Farayi y Luis Ceccon es una de las medidas que los militantes de San Nicolás, San Pedro, Baradero y Pergamino acercaron al fiscal Federico Reynares Solari. Requirieron además que "se remitan las actuaciones durante el juicio oral para que la Fiscalía de San Nicolás investigue al médico de la policía bonaerense Cantelmi, de Pergamino, el médico penitenciario Silicani y al abogado Héctor Hérnandez (hijo) por su cercanía con la conducción del Area Militar 132".

El Encuentro pidió que el Tribunal Oral Federal Número 1 "exhorte a la Red Federal de Sitios de Memoria que señalice la Unidad Regional VII, sede de la Delegación San Nicolás de DIPBA, la sede del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, Sección San Nicolás sito en Ameghino 387 y la sede del Cuartel Bing 101 sede de la Plana Mayor del Area Militar 132". En la causa se investigan los crímenes de lesa humanidad contra 74 víctimas, 14 desaparecidos y 60 personas que sufrieron cárcel. Son 15 causas acumuladas, en las cuales quedaron 13 imputados. Justamente, uno de los reclamos del Encuentro Regional tiene que ver con lo que llaman el "punto final biológico", por la muerte del represor Arnaldo Bolmeni, para quien pidieron la exoneración post-mortem o, por lo menos, que figure en su legajo que al momento de morir era juzgado por delitos de lesa humanidad.

En abril de 2014 comenzó la causa Saint Amant II. El Tribunal Oral Federal número 1 integrado por Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y José María Escobar Cello escuchó cientos de testimonios, y ahora se encuentra en la etapa de alegatos.

A partir del fallecimiento, en pleno juicio, del imputado Bolmeni y la resolución del TOF1 de sobreseimiento por esta causa, el Encuentro Regional por Memoria y Justicia consideró que "el dictado de procesamiento en primera instancia, el cúmulo de pruebas documentales y testimoniales aportados por las partes querellantes y la fiscalía en las audiencias orales en Pergamino son fundamento más que contundentes para solicitarle al Tribunal la exoneración post mortem del imputado. O en todo caso, que se intervenga su legajo personal figurando que al momento de su fallecimiento era juzgado con delitos de lesa humanidad".