Michel Ramón Campero tenía 18 años cuando lo mataron por la espalda dos policías que estaban de franco la noche del 6 de enero de 2014, en Granadero Baigorria. El comisario inspector, Omar Dal Lago, y su hijo, Omar Jesús Dal Lago fueron acusados por el crimen del pibe que les había robado la moto, pero poco después fueron sobreseídos porque alegaron legítima defensa. Sin embargo, no hay prueba alguna que dé cuenta de un enfrentamiento, y el arma que le encontraron a Campero era una réplica. Hace pocas semanas, la Cámara Penal revocó el sobreseimiento y ahora la causa volvió a primera instancia para ser revisada. La familia de la víctima, representada por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) reclaman que los policías sean procesados por el hecho. "Mi hijo ya tenía un tiro en el muslo, ¿por qué no lo llevaron detenido en lugar de matarlo? Me quedé sola. Sola en mi casa. Sola en mi corazón", dijo a Rosario/12 María Isabel, la madre de la víctima.

La noche del crimen, Omar Jesús Dal Lago llegó a su casa de Granadero Baigorria con su esposa, en una moto. Dos personas, en otro rodado, lo abordaron. Uno de ellos se bajó y a punta de pistola se llevó la moto del policía que estaba vestido de civil por estar de franco. Enseguida, el hombre advirtió sobre lo sucedido a su padre, el comisario Dal Lago, que era jefe de la Brigada de Orden Urbano en Rosario, y los dos salieron en un auto a buscar a los sujetos, que huyeron en una moto cada uno.

Poco después los encontraron. Dal Lago padre según su relato disparó al aire para intimidar. En ese momento uno de los hombres logró escapar, pero Campero perdió el control y chocó con un colectivo, que lo dejó tirado en el suelo. El relato policial fue que el muchacho se reincorporó y les apuntó. Ese fue el justificativo para los tiros que recibió el joven, por los que perdió la vida. Sin embargo, no hay pruebas de un enfrentamiento. Las únicas balas, fueron las policiales. "Se ensañaron con mi hijo en esas cuadras y cuando lo encontraron, lo mataron", reprochó la mujer que acusó de "asesinos" a los dos policías.

Tras el sobreseimiento dictado por Rodenas, en diciembre pasado, la fiscal Nora Marull y la querella del CAJ apelaron la resolución, y se quejaron de que tanto la reconstrucción del hecho como los testimonios se hicieron con la hipótesis policial, pero no se realizaron pericias que consideraron de importancia para la causa. Hablaron de una ejecución por la espalda.

Frente a ello, a fines de abril el camarista Carlos Carbone revocó el sobreseimiento y la causa volvió a la etapa de investigación. Tras una recusación a la jueza Alejandra Rodenas, la causa está en manos de Luis María Caterina. Florencia Del Negro, de la APDH, recordó que antes de la decisión de Carbone presentaron un amicus curiae, como organizaciones que lucha por los derechos humanos y por su experiencia en causas de gatillo fácil. "Lo que presentamos tuvo sus frutos y consideramos sumamente positiva la resolución del juez Carbone. Ahora es necesario profundizar la investigación y el seguimiento del accionar de los agentes de la fuerza para que sean procesados. Estamos con la familia en su reclamo para que esta gente quede presa. Nosotros atacamos la decisión de que se tome como verdadero el relato policial, sobre todo cuando se descubrió que el arma que tenía la víctima era una réplica, con lo cual es imposible que haya habido un enfrentamiento, tras 900 metros de persecución a Michel".

María Isabel fue más allá. "Queremos que sean procesados para que vayan a juicio. No tenían que asesinarlo. Lo mataron como a un perro. ¿Por qué no lo llevaron detenido? Se ensañaron en matarlo. Esta gente me arruinó la vida por completo. Michel era mi único hijo. Yo no puedo dormir, bajo de peso; pero le prometí a mi hijo hacer justicia por él. Lo que correspondía era que lo detuvieran, si ya tenía un tiro en la pierna; pero lo mataron", lamentó la mujer. Al mismo tiempo dijo estar "más que conforme" con los abogados del CAJ y se esperanzó en que el próximo paso judicial sea "el procesamiento de los dos policías" para que "vayan presos y paguen por lo que hicieron".