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(Desde Santa Fe) El secretario general de Apropol, Alberto Martínez, declaró como imputado ante el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, por las supuestas amenazas que denunció el gobernador Antonio Bonfatti durante el alzamiento policial de diciembre de 2013, hace un año y medio. En ese lapso, la jueza de Instrucción, Susana Luna, que tramitó la causa hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó el pase al fuero federal, ya había intentado indagar al ex policía cuatro veces, pero fracasó por distintas razones. La quinta fue ayer, cuando Martínez se presentó en la audiencia con su abogado defensor, Romeo Díaz Duarte, con quien coincidió que "no hubo ninguna amenaza" a Bonfatti, insistió que "la causa es política" y advirtió sobre un presunto operativo "para criminalizar la protesta gremial".

La investigación se inició el 7 de diciembre de 2013 por una denuncia del propio Bonfatti que consideró "intimidantes" mensajes de textos que recibió en su teléfono celular, todos desde el mismo remitente. El primero fue el 4 de diciembre, a las 0.34: "¿Seguís pensando en pagarles 5 mil pesos a los policías, explotador?", le preguntaron. El segundo, el 6 de diciembre: "Explotador y negrero de los policías, te hago responsable de todo lo que suceda. No podés decir que no te lo adelanté, facineroso". Y el tercero, el 7 de diciembre: "En vez de mandarme la cana a mi casa porque no buscas a los narcos y le pagás sueldos dignos a la cana, payaso, explotador y negrero. El 12, voy para Rosario y vamos a hablar".

Díaz Duarte discrepó con los hechos que la jueza Luna le había imputado a Martínez cuando el expediente se tramitaba en la justicia ordinaria. "La señora jueza estaba en la creencia de que podían ser conductas trasgresoras, que podían ser delitos, por determinadas manifestaciones que efectuara el señor Martínez. Manifestaciones tales como 'negrero', que podrían ser cuestiones de faltas o contravencionales", admitió el abogado. "Ahora, si todos los ciudadanos nos sentimos amenazados por calificativos o una descalificación de alguna circunstancia de la persona, tendríamos causas de amenazas por todos lados y todos estaríamos sometidos a proceso. Evidentemente esto tiene una raíz política más que jurídica", agregó.

Martínez negó la supuesta "amenaza" a Bonfatti porque "no existe técnicamente, ni en el espíritu de los mensajes que le he enviado al gobernador, no sólo en esa oportunidad (entre el 4 y el 7 de diciembre de 2013) sino también en otras y al mismo número de teléfono que el gobernador me dio. Esta es una parte de la historia que no se cuenta", reveló.

- ¿Usted reitera que no amenazó al gobernador? - le preguntó una colega.

- Obviamente. Pero eso surge de la propia lectura de los mensajes que nosotros hemos publicado en nuestro portal (de Apropol). Es más, los vamos a ofrecer como elementos de prueba en la causa principal donde se nos acusa de sedición y en realidad estamos ante un proceso gremial. Se nos acusa de una supuesta amenaza (a Bonfatti) y lo que pedíamos era un aumento de sueldo - respondió.

"Esta es una causa política", se defendió Martínez. "Está muy clara la persecución, tiene que ver con la criminalización de la protesta. Porque después de esto vino una reforma legislativa que promovió el senador Fernández para criminalizar con el Código Penal las protestas policiales. Y lo que no se ha buscado ni encontrado es la solución a los problemas de fondo que han motivado todo esto".

El fiscal federal Walter Rodríguez planteó que la presunta "coacción agravada" a Bonfatti debe investigarse como parte del "movimiento sedicioso" de diciembre de 2013, en otra causa en la que ya están imputados Martínez y tres oficiales en actividad: Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani. En abril, el fiscal le pidió al juez Rodríguez el procesamiento de los cuatro: a Martínez por supuesta "instigación a cometer delitos" y a los demás por presunta "sedición". En el año y medio en que la juez Luna instruyó la causa, llamó a indagatoria a Martínez cuatro veces. El 26 de diciembre de 2013, pero el jefe de Apropol se excusó por razones de salud. El 7 de febrero de 2014, pero suspendió la audiencia porque el fiscal Rodríguez había pedido la acumulación de las causas. El 6 de noviembre de 2014, cuando fue recusada por la defensa. Y el 27 de abril de 2015, cuando volvió a suspender la audiencia por el fallo de la Corte que ordenó el pase del expediente al fuero federal.